La secretaria técnica de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Katia Saucedo, cuestionó la efectividad del actual sistema de juicio de responsabilidades en Bolivia, al señalar que, en la práctica, estos procesos “son un saludo a la bandera”.
En el marco del debate sobre el tratamiento legal de los exmagistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional, la legisladora afirmó que las modificaciones introducidas a la normativa han reducido el alcance real de este mecanismo.
“En realidad no termina siendo lo que realmente debió ser, que es un juicio político”, sostuvo Saucedo, al explicar que los procesos actuales terminan convirtiéndose en procedimientos que no generan sanciones efectivas.
Desde su posición personal, la autoridad consideró que los exmagistrados que extendieron sus funciones fuera del marco constitucional deben ser investigados en la justicia ordinaria, al señalar que “usurparon funciones” y, por tanto, habrían incurrido en un delito común.
“Ellos cometieron un delito común”, remarcó, al diferenciar este tipo de hechos de aquellos que deben ser juzgados mediante juicio de responsabilidades, el cual —según explicó— está reservado para actos cometidos en el ejercicio legal de funciones públicas.
Saucedo aclaró, sin embargo, que la Comisión de Constitución no decide la apertura de procesos, sino que cumple funciones de control dentro de los procedimientos en curso, verificando el respeto al debido proceso.
Asimismo, indicó que existen varias investigaciones en trámite en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, instancia encargada de la fase preliminar de estos casos.
La legisladora recordó que algunas denuncias ya fueron presentadas ante el Ministerio Público, pero posteriormente derivadas a la Asamblea Legislativa para evaluar la vía del juicio de responsabilidades, lo que —a su criterio— ha limitado la posibilidad de avanzar por la justicia penal ordinaria.
“Creo que hubo una decisión de la Fiscalía General para salvaguardar a los magistrados prorrogados de la acción de la justicia penal ordinaria”, afirmó.
El debate sobre la vía legal adecuada para procesar a los magistrados autoprorrogados continúa en la Asamblea Legislativa, en medio de cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos actuales de rendición de cuentas en el sistema judicial boliviano.