Desde la cárcel de San Pedro, el expresidente rechazó las acusaciones surgidas tras el informe de la UDEF de España, aseguró que durante su gobierno no se autorizó ningún pago a SOBOCE y sostuvo que el proceso sigue pendiente de una resolución del Tribunal Constitucional.
El expresidente Luis Arce aseguró este jueves que durante su gobierno «NO se ha realizado ningún tipo de liberación de pago a SOBOCE en relación a este caso con FANCESA, pues la última palabra debe ser emitida por el TCP», al pronunciarse desde el penal de San Pedro sobre el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España que lo menciona en el denominado caso Zapatero.
En un comunicado público, Arce afirmó que el conflicto entre SOBOCE y Fancesa «no se generó durante mi gobierno» y recordó que, en noviembre de 2023, Bolivia obtuvo un fallo favorable ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), que se declaró sin jurisdicción para conocer la reclamación de 269,4 millones de dólares presentada por el Grupo Gloria.
No obstante, aclaró que esa decisión «no extinguió la controversia relacionada a la compensación al Grupo Gloria por la expropiación de las acciones de FANCESA, la cual subsiste y debe canalizarse por las vías que en derecho correspondan».
Respecto a su relación con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, Arce sostuvo que fue «institucional y política» y explicó que las últimas conversaciones entre ambos estuvieron vinculadas a los intentos de mediación impulsados por integrantes del Grupo de Puebla frente a la crisis interna del MAS. «No se trató ningún litigio judicial de SOBOCE y desconozco la agenda que el expresidente Rodríguez Zapatero llevó adelante en Sucre», aseguró.
El exmandatario también señaló que, tras la tutela concedida a SOBOCE por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en 2025, la Procuraduría General del Estado, entonces dirigida por Ricardo Condori Tola, «impugnó públicamente esta resolución (…) calificándola de extralimitada». En ese sentido, afirmó que «si mi gobierno hubiese tenido algo que ver con esa resolución judicial, la Procuraduría (…) no habría rechazado ni combatido ese mismo fallo».
Arce remarcó que el expediente continúa en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional desde julio de 2025 y que aún no existe una sentencia definitiva. «Si el TCP revoca la tutela, la condena de Bs 744 millones contra SOBOCE recobra vigencia ejecutoria. Si la confirma, corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia emitir nueva resolución», indicó.
Sobre Carmen Almendras, mencionada en el informe de la UDEF como presunto nexo con su administración, sostuvo que «fue embajadora durante los gobiernos de Evo Morales. No integró mi gobierno en ningún cargo» y recordó que posteriormente desempeñó funciones en la Gobernación de Chuquisaca y en la Alcaldía de La Paz.
Finalmente, el expresidente exigió que la investigación se lleve adelante «bajo estrictos parámetros del derecho internacional» y respetando la presunción de inocencia. Además, afirmó estar «a plena disposición de cualquier autoridad judicial» y aseguró: «No me he escapado, no tengo nada que ocultar (…) no estuve ni estoy involucrado en ningún tráfico de influencias que haya favorecido a SOBOCE o alguna otra empresa privada».