Cinco autoridades del sistema judicial y del Ejecutivo fueron apartadas de sus cargos tras conocerse la supuesta conformación de un consorcio destinado a inhabilitar a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, electa en los comicios judiciales de diciembre pasado por el departamento de La Paz.
El hecho se destapó luego de que un fallo del juez Marcelo Lea Plaza, del municipio de Coroico, suspendiera a Coaquira por una presunta falsificación de un certificado de docencia, requisito necesario para su postulación. Sin embargo, esta decisión se habría producido bajo fuertes presiones y coordinaciones irregulares entre varias autoridades.
Entre los implicados figuran el exministro de Justicia, César Siles; el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Iván Córdova; la exvocal Claudia Castro; el juez Lea Plaza, y el magistrado suplente del TSJ por La Paz, Iván Campero. Todos ellos fueron alejados de sus funciones o aprehendidos en el marco de las investigaciones abiertas por el Ministerio Público.
El escándalo cobró fuerza tras la sorpresiva renuncia de César Siles el sábado 14 de junio, aunque posteriormente el presidente del TSJ, Romer Saucedo, aclaró que no se trató de una dimisión voluntaria, sino de una destitución. En su reemplazo, el presidente Luis Arce nombró a Jessica Saravia como nueva titular de la cartera de Justicia.
Durante su declaración, el juez Lea Plaza reveló que fue objeto de “fuertes presiones” para emitir la resolución contra Coaquira. Afirmó que recibió llamadas insistentes y directrices que, supuestamente, provenían del entonces ministro Siles y de otros altos funcionarios judiciales.
“Este tema ya estaba instruido por parte del Ministro de Justicia y era de conocimiento del Dr. Bautista, del Consejo de la Magistratura”, afirmó el juez, quien además reveló que el objetivo era permitir la incorporación de Iván Campero en reemplazo de Coaquira.
Este martes se conoció que Campero fue aprehendido tras presentarse voluntariamente ante el Ministerio Público. Según la investigación, habría sido el principal beneficiario del fallo emitido en Coroico y habría formado parte de la coordinación con las demás autoridades para la suspensión de Coaquira.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, calificó el hecho como un intento de “golpe institucional” y aseguró que se investigará hasta las últimas consecuencias. “No vamos a tolerar hechos ilegales ni actos que socaven la voluntad del pueblo”, declaró.
La causa fue oficialmente abierta bajo el rótulo de “caso consorcio”, en referencia a la presunta articulación de autoridades para intervenir de forma ilícita en la composición del máximo tribunal judicial del país.