El analista político Marcelo Arequipa señaló que la credibilidad del Gobierno de Rodrigo Paz se ve afectada por la falta de resultados concretos, el manejo comunicacional de casos como las denominadas narcomaderas y narcomaletas, además de compromisos pendientes como el 50-50.
En entrevista con el programa “DE PRIMERA MANO”, el analista político Marcelo Arequipa afirmó que uno de los principales desafíos del Gobierno de Rodrigo Paz es recuperar la confianza de la población mediante acciones concretas que respalden los anuncios realizados por sus autoridades.
Arequipa explicó que la credibilidad de una administración pública no se construye únicamente con discursos, sino con el cumplimiento de compromisos y una adecuada estrategia comunicacional.
“Si el Gobierno necesita incrementar niveles de confianza y credibilidad respecto de la población, lo que necesita de manera urgente es que aquellas cosas que dice las materialice en acciones, las lleve a cabo, no las postergue”, señaló.
El analista sostuvo que otro factor que afecta la percepción ciudadana es el manejo de los mensajes oficiales, al considerar que la falta de claridad genera diferentes interpretaciones sobre temas sensibles.
Como ejemplo, mencionó el caso denominado narcomaderas, luego de que autoridades chilenas reportaran el hallazgo de droga presuntamente impregnada en madera exportada desde Bolivia.
“Hoy la población no ha sentido un mensaje claro, un mensaje concreto que dé certezas respecto a qué es lo que ha ocurrido con esas denominadas narcomaderas. Eso va minando la credibilidad”, afirmó.
Arequipa indicó que la existencia de diferentes versiones oficiales sobre este y otros casos genera incertidumbre y permite que circulen interpretaciones alternativas en redes sociales.
“Si tú no tienes un manejo adecuado y claro del mensaje como Gobierno, difícilmente vas a poder controlar que otros relatos se instalen”, explicó.
Respecto a los compromisos asumidos durante la campaña electoral, el analista señaló que el problema no radica solamente en las promesas, sino en los plazos que el propio presidente Rodrigo Paz estableció para cumplirlas.
Mencionó como ejemplo el modelo 50-50 de distribución de recursos, la eliminación de aduanas y las medidas relacionadas al abastecimiento de combustible.
“El presidente se puso plazos. Dijo que el primer día iba a resolver determinados temas y eso no está ocurriendo. Ahí es donde se reduce la posibilidad de que la población sienta credibilidad sobre sus palabras”, sostuvo.
Añadió que, ante la acumulación de conflictos, la ciudadanía dejó de evaluar únicamente a los ministros y dirige su atención directamente al jefe de Estado.
Sobre la investigación por las denominadas narcomaderas, Arequipa cuestionó la ausencia de un mensaje oficial consolidado entre las autoridades del Gobierno y el Ministerio Público.
Afirmó que, al tratarse de un caso que involucra relaciones entre países, debería existir una coordinación institucional más visible con las autoridades chilenas y una comunicación clara hacia la población.
“Estamos hablando de una relación entre Estados y eso requiere un trabajo coordinado entre el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía General”, indicó.
Asimismo, señaló que en este tipo de investigaciones debería garantizarse la institucionalidad y evitar que autoridades directamente vinculadas al área investigada tengan un protagonismo permanente mientras el proceso continúa.
Finalmente, Arequipa advirtió que la falta de respuestas concretas puede generar pérdida de apoyo incluso entre sectores que inicialmente respaldaron al Gobierno.
En ese sentido, mencionó la situación con algunos aliados políticos y alertó que podría repetirse con gobernadores y alcaldes que actualmente impulsan el debate sobre el 50-50.
“Si el Gobierno no se pone las pilas sobre los temas presentes en la discusión pública, puede perder respaldos. El riesgo es abrir nuevos frentes de conflicto por no tomar decisiones con tiempos claros”, concluyó.