El abogado Abel Loma informó sobre el estado del proceso judicial del exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, en un caso que continúa en revisión de medidas cautelares y que, según afirmó, aún debe definirse en instancias judiciales de La Paz.
Loma explicó que inicialmente un juzgado paceño otorgó detención domiciliaria al exdirigente, quien se encontraba con detención preventiva en el penal de Chonchocoro, aunque dicha determinación fue posteriormente observada y apelada por el Ministerio Público y el Viceministerio de Transparencia.
“Se le concede detención domiciliaria… sin embargo, esta decisión fue observada por el Ministerio Público”, señaló el jurista, quien agregó que la medida fue luego revocada por una sala penal que dispuso su retorno al recinto penitenciario.
Posteriormente, la defensa presentó una acción de libertad en Oruro, donde una sala constitucional otorgó una tutela parcial, aunque ratificó la vigencia de la detención preventiva. “Si bien revoca la decisión, se establece que debe volver a la cárcel de Chonchocoro”, afirmó Loma.
El abogado indicó que el caso vuelve ahora a revisión en la Sala Penal Cuarta de La Paz, instancia que debe emitir una nueva resolución sobre la situación del exdirigente. “Estamos a la espera de que en las próximas horas se emita la resolución correspondiente”, añadió.
En ese contexto, Loma advirtió que existe un riesgo procesal si no se ejecuta de forma inmediata la decisión judicial. “Existe alta probabilidad de que pueda abstraerse de la acción penal”, señaló, al referirse a una posible fuga del imputado en caso de que se confirme su retorno a prisión.
El jurista también cuestionó el rol del Ministerio Público en la ejecución de las medidas cautelares, al considerar que no existiría una actuación suficientemente activa para hacer cumplir el mandamiento de detención preventiva.
Asimismo, Loma estableció una comparación política y sindical entre el caso de Huarachi y el actual dirigente del entorno de la Central Obrera Boliviana, Argollo, al que calificó como una continuidad de prácticas de presión sindical. “Argollo es la continuidad de la política de Huarachi”, sostuvo, en referencia a la influencia de ambos dirigentes en la dinámica interna de la COB y su relación con el poder político.
En su criterio, el uso de medidas de presión por parte de sectores sindicales responde a una lógica de influencia sobre el Estado. “A través de la presión y la coacción hacia las autoridades de turno intentan conseguir diferentes objetivos”, afirmó.
Finalmente, el abogado señaló que el proceso ya ingresó a etapa de acusación formal y que el caso será llevado a juicio oral, donde el exdirigente podría enfrentar una eventual sentencia. “Probablemente reciba una condena de 10 años de pena privativa de libertad”, concluyó.
El caso continúa a la espera de la decisión de la Sala Penal de La Paz, que definirá si Huarachi retorna o no al penal de Chonchocoro bajo detención preventiva.