El Ministerio Público admitió una querella penal contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y otros exfuncionarios, en el marco de una denuncia impulsada por la Alianza Libre por presuntas irregularidades en la compra de carburantes y la calidad del combustible distribuido en el país. La acción legal también alcanza a exautoridades de YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
La diputada Lissa Claros explicó que la denuncia incluye delitos como daño económico al Estado, contratos lesivos y incumplimiento de deberes. “Los convenios suscritos perjudicaron directamente a la población”, afirmó, al señalar que los suministros habrían ingresado en condiciones deficientes, afectando su calidad.
La admisión de la querella se produce después de que Medinaceli fuera interpelado en la Asamblea Legislativa, donde una moción de censura no logró los votos necesarios. Ante ese escenario, la bancada denunciante anunció que reforzará la vía judicial con la presentación de nuevas pruebas y testimonios, con el objetivo de ampliar la investigación y determinar responsabilidades.