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Política

TSE rechaza orden judicial que suspende difusión de encuestas electorales

El pasado 11 de abril, el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal N°1 de El Torno dispuso, en el marco de una acción popular, la suspensión inmediata de la difusión de encuestas o estudios de intención de voto, instrucción dirigida al Tribunal Supremo Electoral.

La resolución judicial establece que se debe “instruir (…) la suspensión inmediata de la difusión de cualquier encuesta o estudio de intención de voto”, medida que alcanza especialmente al periodo previo, durante y posterior al debate electoral entre candidatos a la Gobernación de Santa Cruz, previsto para el domingo 12 de abril de 2026. Asimismo, la disposición ordena extender esta instrucción a la Red Unitel y a “cualquier otro medio de telecomunicación, ya sea televisivo, informático o radiofónico”.

Al respecto, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, expresó su rechazo y “profunda preocupación” por la determinación judicial. “Asistiremos a la audiencia correspondiente y ejerceremos nuestra defensa con la misma responsabilidad y firmeza que nos ha caracterizado siempre”, afirmó.

La autoridad electoral recordó además que, durante las Elecciones Subnacionales, el TSE enfrentó 38 acciones constitucionales, en las cuales —según señaló— logró demostrar “con argumentos jurídicos sólidos” que sus decisiones se ajustaron plenamente al marco constitucional y legal vigente.

En el marco del proceso, el presidente del TSE fue notificado para participar en una audiencia virtual programada para el próximo 17 de abril. La disposición judicial también advierte con posibles sanciones en caso de incumplimiento, que incluyen multas de entre 30 y 100 días, además de eventuales acciones por desobediencia a la autoridad.

Ávila lamentó que este tipo de acciones sean admitidas “inoportunamente”, aunque reiteró que el Órgano Electoral Plurinacional actuará en estricto cumplimiento de la normativa vigente. En ese sentido, reafirmó que el TSE defenderá sus atribuciones constitucionales y legales en las instancias judiciales correspondientes.

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