El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, informó que durante el desarrollo de las mesas de diálogo y el operativo del corredor humanitario se difundieron reportes e imágenes sobre posibles fallecidos, situación que inicialmente no pudo ser corroborada por las autoridades.
“Había mesas de diálogo en curso y se levantaban porque ya íbamos por el quinto, sexto fallecido, con diversas imágenes que se les atribuye en algunos casos a eventos anteriores”, señaló. En ese contexto, afirmó que en ese momento no se contaba con documentación oficial: “¿Hay algún documento de fallecimiento? A ese momento, ninguno”, y agregó que tampoco se confirmó la magnitud de los reportes: “¿Tenemos la posibilidad de que hayan muerto tal cantidad de personas? No”.
El vocero explicó que la información difundida obligó al Ejecutivo a advertir sobre versiones no verificadas. “Había la urgencia de poder comunicar y decirles que estaban circulando noticias falsas, y ese fue el espíritu del aviso en aquel momento”, sostuvo, aunque remarcó que el objetivo central era no afectar el proceso de diálogo. “Lo que está en juego no es solamente algo que tiene que ver con el trabajo del vocero, está en juego la posibilidad de pacificar el país”, indicó.
Posteriormente, Gálvez confirmó que el Gobierno tomó conocimiento del fallecimiento de un ciudadano, hecho que lamentó públicamente. “Tuvimos conocimiento del fallecimiento de un ciudadano”, dijo, y añadió que el caso fue derivado a instancias competentes para su investigación. “Hemos expresado nuestro pesar, ningún boliviano debería perder la vida bajo ninguna circunstancia similar”, afirmó.
En relación con el estado de excepción, el vocero sostuvo que no existe una condición automática para su aplicación y que su uso corresponde a un escenario extremo dentro del marco constitucional. “No tiene que pasar nada más. En realidad tenemos que hacer cumplir la Constitución”, indicó.
Agregó que esta medida no es la primera alternativa del Gobierno frente al conflicto. “Una opción de estado de excepción es la última de las opciones”, precisó, al señalar que la prioridad del Ejecutivo es mantener los canales de diálogo y concertación abiertos para evitar una escalada de violencia.
Finalmente, reiteró que el Gobierno actúa dentro de las atribuciones constitucionales, pero condicionado a procedimientos institucionales. “La Constitución le da todas las atribuciones respectivas al Gobierno, pero tiene un trámite que no depende solamente en este momento del Ejecutivo”, afirmó.