El diputado Carlos Alarcón aseguró que la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de suspender la segunda vuelta en La Paz se ajusta a la normativa vigente, al señalar que la Ley 026 del Régimen Electoral establece con claridad que la participación en el balotaje depende de la organización política y no del candidato individual.
“Ha sido una decisión por unanimidad del Tribunal Supremo Electoral, en base a la ley 026 del régimen electoral”, afirmó, al explicar que dicha norma —vigente desde 2010, durante el gobierno de Evo Morales— regula tanto la realización de la segunda vuelta como la posibilidad de declinar. En ese sentido, citó que si una organización política comunica su retiro, “no se realizará la segunda vuelta electoral” y se proclama a la otra candidatura.
El legislador insistió en que “el que tiene el derecho a la declinación es la organización política, no es el candidato”, y advirtió que el sistema electoral boliviano está diseñado para que los partidos, alianzas o agrupaciones sean los actores centrales del proceso. “No es una diáspora donde cada candidato individualmente hace lo que le viene en gana”, sostuvo.
Alarcón también alertó sobre lecturas políticas que, a su juicio, buscan desbordar el marco legal. “La democracia funciona dentro del Estado de derecho, no funciona por fuera”, remarcó, y cuestionó los intentos de presión para forzar una segunda vuelta, señalando que “la norma tiene que cumplirse, tan claro como eso”.
En ese contexto, criticó a actores políticos que —según dijo— promueven conflictividad. “Están disfrazando con falsos argumentos jurídicos para generar un escenario de desestabilización”, afirmó, y añadió que se busca “generar caos y anarquía” en el país.
Asimismo, hizo referencia a tensiones dentro del propio sistema político y lanzó una crítica directa: mencionó que existen autoridades que actúan como “tirabombas”, aludiendo al actual vicepresidente, a quien describió como un “declarante opositor político dentro de su propio gobierno”, una situación que —según dijo— “nunca se ha visto”.
Finalmente, reiteró que corresponde al Tribunal Supremo Electoral aplicar las sanciones que establece la ley contra la organización política que declinó participar en la segunda vuelta, en el marco del cumplimiento estricto de la normativa electoral vigente.