El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, aseguró ante la Asamblea Legislativa Plurinacional que los contratos de importación de crudo “no generaron daño económico al Estado” y defendió la legalidad de los procesos, explicando que su despacho solo ejerce supervisión, mientras que la firma de contratos corresponde a YPFB. Señaló que los contratos vigentes provienen de gestiones anteriores y que su continuidad respondió a la urgencia de garantizar el abastecimiento de combustibles: “El bien mayor era abastecer con gasolina al país, más aún cuando se debía cerca de 900 millones de dólares a las empresas”.
Sobre un segundo proceso de contratación, Medinaceli afirmó que “al no haberse concretado contratos en este proceso, no existe daño económico al Estado” y aclaró que YPFB invitó a más de 155 firmas internacionales bajo un esquema competitivo, donde se preseleccionaron cuatro o cinco propuestas. En relación a la empresa Trafigura, el ministro explicó que los criterios de evaluación incluyen las “primas”, costos adicionales sobre el valor internacional del crudo, y que “comparar precios entre contratos no es razonable porque los mercados cambian; lo relevante son las primas”.
Finalmente, Medinaceli informó que se dispuso una auditoría interna para establecer responsabilidades, algunos casos corresponden a la gestión del expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, y que el Ministerio Público también solicitó una investigación: “Las condiciones de financiamiento influyen directamente en los costos” y, ante la variación de precios internacionales, “es necesario pagar para garantizar el abastecimiento”.