El proceso electoral rumbo a las elecciones generales enfrenta una creciente tensión con diez demandas judiciales interpuestas en distintos puntos del país, justo a 48 horas del cierre del periodo de registro de candidaturas. De estas querellas, cuatro se presentaron en Santa Cruz, dos en La Paz, una en Beni y tres directamente ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El vocal del TSE, Tahuichi Quispe, expresó su preocupación:
“Eso pone en riesgo el proceso electoral. Parece que las salas constitucionales quieren administrar el proceso, quitando competencia al Órgano Electoral.”
Dos de las demandas ya fueron resueltas: una en Santa Cruz, a favor del presidente en ejercicio del TSE, Oscar Hassenteufel; y otra retirada por Peter Erlewin, quien había demandado al MAS.
Sin embargo, Erlewin continúa impulsando otro proceso en Beni contra el MTS, partido que también enfrenta una segunda querella presentada por Maciel Terrazas.
En Santa Cruz, surgieron dos nuevas acciones legales que cuestionan la legalidad de las personerías jurídicas de los partidos Morena —de la alcaldesa Eva Copa— y APB-Súmate —liderado por Manfred Reyes Villa—. El denunciante, Humberto Vidaurre, argumenta que no se cumplió con el requisito legal de aprobación 120 días antes de los comicios.
Este miércoles se conoció una nueva demanda ante tribunales en El Alto, mientras que el TSE también debe atender tres denuncias presentadas en su contra, dos de ellas por Erlewin junto al activista Rafael Hurtado.
“Se está judicializando el proceso electoral. Es una especie de chicana política para ganar en mesa y tumbar al contrincante sin pasar por las urnas”, denunció Quispe.
Actualmente, nueve partidos y alianzas tienen sus registros en revisión. La Alianza Popular, sin embargo, enfrenta una “admisión parcial” debido a una acción de amparo constitucional pendiente de resolución en Beni, lo que impide la validación completa de su lista de candidatos.