Un informe de Human Rights Watch (HRW) sobre el estado de los derechos humanos en Bolivia sostiene que en el caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no encontró pruebas de terrorismo y observó acusación infundada contra la expresidenta Jeanine Añez. Asimismo, sostiene que el sistema judicial de Bolivia sufre los efectos de la interferencia política desde hace años.
«Human Rights Watch revisó los documentos de su detención y no halló pruebas que respaldaran la acusación de terrorismo», dice el documento.
«La expresidenta Áñez permanece en prisión desde 2021. Inicialmente fue acusada de terrorismo. Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y halló esa acusación infundada y manifiestamente desproporcionada», señala también el informe.
El sistema judicial de Bolivia ha sido históricamente instrumentalizado “dependiendo de los intereses del poder político en turno”, sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras una visita realizada en marzo de 2023. El presidente Arce no ha cumplido su promesa de reformar la justicia para garantizar su independencia de la política.
En diciembre de 2022, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue detenido por terrorismo, un tipo penal cuya definición en Bolivia es demasiado amplia. Camacho fue acusado de orquestar la renuncia del entonces presidente Evo Morales en 2019. Human Rights Watch revisó los documentos de su detención y no halló pruebas que respaldaran la acusación de terrorismo.
La expresidenta Añez, que permanece en prisión desde 2021, inicialmente fue acusada de terrorismo. Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y halló esa acusación infundada y manifiestamente desproporcionada.
Por otro lado, con relación a César Apaza, dirigente cocalero, que se encuentra en prisión preventiva desde septiembre de 2022, HRW constató “malos tratos”.
(El diario / Los tiempos)