El exministro de Gobierno Carlos Romero sostuvo que las recientes aprehensiones de autoridades del Ministerio Público podrían abrir una investigación más amplia sobre una presunta protección política y policial al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Al referirse a las circunstancias que rodearon su permanencia en Santa Cruz, afirmó: “Sí, en realidad tenemos que precisar y decir que no lo querían ubicar”.
Romero señaló que desde hace varios años existían indicadores que, a su criterio, mostraban un crecimiento del narcotráfico y del crimen organizado en Bolivia, además de investigaciones y denuncias internacionales sobre el tráfico de drogas y hechos de violencia vinculados a organizaciones criminales.
En ese contexto, consideró que las operaciones realizadas en las últimas horas parecen concentrarse inicialmente en el caso de Marset, aunque advirtió que existen otros hechos relacionados con el narcotráfico que también deberían ser investigados.
El exministro recordó que autoridades de Paraguay habrían comunicado a Bolivia que habían identificado la ubicación exacta de Marset en Santa Cruz. Según relató, pese a esa información, no se concretó una operación para detenerlo.
Romero también mencionó un audio atribuido a una persona que habría alertado a Marset sobre un operativo en su contra. Cuestionó que ese material no hubiera sido sometido, según dijo, a una pericia especializada en el exterior para determinar quién realizó la supuesta advertencia.
“¿Por qué no se operó esa vez? Ya daba a pensar muchas cosas”, afirmó.
A su juicio, la investigación sobre ese audio podía establecer eventuales responsabilidades mediante cooperación judicial y análisis técnico. También cuestionó que Marset hubiera continuado realizando actividades públicas en Santa Cruz pese a ser buscado internacionalmente.
“Este señor hacía vida social, jugaba al fútbol, en fin, y no se hacía nada”, sostuvo.
Consultado sobre si Marset no podía ser ubicado o si no se quería ubicarlo, Romero respondió que, en su criterio, se trataba de lo segundo.
La entrevista también abordó una supuesta remesa mensual mencionada en materiales atribuidos a Marset. Romero sostuvo que, si esa versión fuera confirmada, evidenciaría una relación de protección entre funcionarios y el narcotráfico.
“Ahora nos enteramos de que él pagaba una remesa mensual”, afirmó, antes de señalar que, de acuerdo con ese audio, quien recibía ese dinero “se volvió empleado del narco”.
Romero consideró que la investigación no debería limitarse al fiscal general Roger Mariaca y al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, sino que también debería establecer la eventual participación de mandos policiales y funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.
En ese punto mencionó al mayor Rubén Aparicio Villarroel, actualmente aprehendido, y señaló que su participación deberá ser determinada por las investigaciones. También sostuvo que, por la estructura funcional de la FELCN, algunos mandos policiales podrían tener información relevante sobre las operaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Sobre el excomandante de la Policía Johnny Aguilera, quien ejerció durante el gobierno de Luis Arce, Romero señaló que podría aportar información si fuera convocado. Sin embargo, explicó que la FELCN cuenta con una autonomía funcional específica establecida por la normativa.
“De repente esto es progresivo”, afirmó al referirse a la posibilidad de que las investigaciones alcancen inicialmente al nivel judicial y posteriormente a los ámbitos policial y político.
Consultado sobre una eventual responsabilidad del expresidente Luis Arce por una supuesta protección al narcotráfico, Romero evitó adelantar una acusación y remarcó que cualquier responsabilidad debe ser individualizada con elementos probatorios.
“La ley penal dice que en última instancia la responsabilidad es intuito personal”, señaló, para luego explicar que deben existir indicios y pruebas documentales, periciales o testimoniales suficientes.
“Ahorita no estoy en condiciones de adelantar criterio porque precisamente no incorporaría componentes que puedan interpretarse como políticos”, afirmó.
Frente al escenario actual, Romero planteó una transformación de las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
“Hay que hacer una reingeniería institucional. Hay que hacer una agenda verdaderamente estratégica para luchar contra el crimen organizado”, sostuvo.
El exministro pidió además evitar que la lucha contra el narcotráfico sea utilizada con fines políticos. “El crimen organizado debe ser perseguido con toda severidad y el crimen organizado no puede estar entremezclado con componentes políticos”, afirmó.
Romero relacionó el actual escenario con los cambios registrados después de la pandemia del COVID, cuando, según su explicación, el repliegue de población y fuerzas de seguridad dejó territorios vulnerables que posteriormente fueron aprovechados por organizaciones criminales.
A su criterio, la dinámica del crimen organizado cambió y Bolivia requiere actualizar sus mecanismos de lucha contra el narcotráfico, además de fortalecer la cooperación internacional.
Sobre las nuevas acciones de Estados Unidos contra autoridades bolivianas, Romero dijo que no conoce si existirán nuevas personas incluidas en futuras medidas y consideró necesario evitar que estas acciones se conviertan en instrumentos de persecución política.
“Siempre hay la susceptibilidad de que no se utilice esto como un tema de persecución, porque eso sí que sería fomentar el crimen organizado y solamente utilizarlo como pretexto”, sostuvo.
Finalmente, afirmó que las investigaciones actuales deben continuar y que cualquier eventual responsabilidad de autoridades políticas, judiciales o policiales debe establecerse a partir de elementos concretos y no únicamente de declaraciones o acusaciones.