El comandante general de la Policía Boliviana, coronel Adrián Álvarez, informó este jueves que el mayor Rubén Aparicio Villarroel, aprehendido en La Paz, proporcionó información que, según las investigaciones policiales, permitió establecer posibles vínculos con altas autoridades del Ministerio Público. La declaración se conoció en el marco de los operativos desplegados desde el miércoles en La Paz, Santa Cruz y Sucre.
Álvarez explicó que las actuaciones investigativas fueron activadas a partir de información difundida públicamente, informes financieros de la unidad especializada de investigación y antecedentes de dos procesos abiertos en Santa Cruz relacionados con el ciudadano uruguayo Sebastián Marset: uno por legitimación de ganancias ilícitas y otro por tráfico ilegal de sustancias controladas.
“Rubén Aparicio Villarroel, quien luego de su aprehensión proporcionó información que vincula la participación de altas autoridades del Ministerio Público”, afirmó el comandante al explicar uno de los elementos que permitió ampliar las investigaciones.
Según Álvarez, tras la aprehensión del mayor en La Paz, las unidades policiales continuaron con las actuaciones investigativas que derivaron en la aprehensión de autoridades del Ministerio Público.
En Santa Cruz fue aprehendido Alberto Zeballos Flores, mientras que posteriormente se desarrollaron actuaciones en los domicilios de Zeballos y del fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
El comandante informó que dos civiles, identificados como ingenieros informáticos y vinculados a labores de inteligencia, fueron encontrados en el domicilio de Ceballos Flores. De acuerdo con la versión policial, ambas personas habrían ingresado con la finalidad de retirar dispositivos correspondientes a las cámaras de videovigilancia. La Policía consideró que esta acción podía obstaculizar las labores investigativas y procedió a sus aprehensiones.
En paralelo, ocho funcionarios de la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz fueron identificados cuando llegaron hasta el domicilio de Mariaca en tres vehículos oficiales y tres particulares. Álvarez señaló que, según la información obtenida por la Policía, su propósito era retirar documentación e indicios materiales relacionados con los hechos investigados.
El comandante relató que inicialmente el personal policial que realizaba labores de seguridad observó el ingreso de una ambulancia al domicilio de Mariaca y consideró que podía tratarse de un vehículo destinado a prestar auxilio a una persona herida. Sin embargo, cuando la ambulancia salió del inmueble, fue intervenida y se encontró dinero en su interior.
Bajo la dirección funcional de un fiscal de materia y con presencia de unidades policiales, se procedió a la cuantificación del dinero para establecer el monto con transparencia. El resultado fue de Bs 3.532.100 y 10.000 dólares estadounidenses.
El dinero fue secuestrado mediante un acta y quedó bajo conocimiento del Ministerio Público, que deberá establecer su procedencia y su relación con los hechos investigados.
Álvarez también informó que en Sucre fue aprehendido el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores, quien se encontraba en dependencias de la Fiscalía General del Estado junto con otras personas que, según la Policía, pretendían retirar documentación posiblemente vinculada con la investigación.
Irusta fue trasladado posteriormente por vía terrestre hasta el departamento de La Paz para continuar con las actuaciones correspondientes.
El comandante general explicó que los operativos se extendieron a los tres departamentos como parte de un trabajo desarrollado por equipos multidisciplinarios de unidades especializadas de la Policía Boliviana.
Asimismo, señaló que en el caso de Santa Cruz se recibió información de inteligencia sobre el supuesto desplazamiento de grupos delincuenciales hacia el aeropuerto internacional de Viru Viru, con la intención de generar zozobra e interferir en las operaciones policiales que se desarrollaban.
Álvarez sostuvo que las decisiones operativas fueron coordinadas con autoridades del Ministerio Público que conocieron el despliegue investigativo y que las aprehensiones se ejecutaron en función de la posible participación de los involucrados en los hechos que son objeto de investigación.
El jefe policial remarcó que el caso se encuentra bajo conocimiento del Ministerio Público desde sus primeras actuaciones. Señaló que los fiscales deberán valorar los indicios materiales encontrados, las declaraciones testificales y los demás actuados investigativos para determinar la participación y eventual responsabilidad de las personas aprehendidas.
“Esta es la información que queremos brindar, no vamos a entrar en mayores detalles”, afirmó, al señalar que la Policía evitará interferir en el trabajo que corresponde desarrollar al Ministerio Público.
Álvarez aseguró además que las actuaciones policiales se realizaron bajo los principios de objetividad y debido proceso, con respeto a las garantías constitucionales de las personas aprehendidas.
“La investigación será la que determine su participación”, reiteró el comandante general, al señalar que corresponderá a las autoridades competentes establecer la situación jurídica de cada uno de los involucrados.