El Decreto Supremo 5676, que modifica el esquema de subvención a los combustibles en Bolivia, mantiene abierta la discusión sobre el precio del diésel, el contrabando y el impacto que tendrá la medida en los distintos sectores de la economía.
El docente investigador y experto en hidrocarburos Francesco Zaratti consideró que el decreto inicialmente apunta en la dirección correcta, pero cuestionó que el transporte haya quedado excluido de la eliminación de la subvención, debido a que este sector concentra más del 80% del consumo de diésel en el país.
“Si uno lee el decreto, lo que dice es que se quita la subvención a todos menos a los que compran menos de 120 litros. Hasta ahí estaba bien”, explicó Zaratti.
Sin embargo, señaló que el mismo día de la emisión del decreto el Ministerio de Hidrocarburos y Energía aclaró que el transporte quedaba excluido de la medida.
“Entonces estamos manteniendo la subvención al 80% de los usuarios, del consumo”, afirmó.
Según el experto, esta situación significa que el Estado continúa sosteniendo gran parte del costo de la subvención mientras otros sectores, como el agro, la minería y los grandes consumidores, pasan a pagar un precio mayor por el combustible.
“Los que van a pagar el precio más alto, de alguna manera, mitigan la subvención para los que mantienen el precio subvencionado”, sostuvo.
Zaratti explicó que la medida también debe analizarse desde el problema del contrabando de combustibles. A su criterio, mientras exista una diferencia importante entre el precio interno y el precio de los países vecinos, continuará existiendo un incentivo para sacar diésel de Bolivia de manera ilegal.
“Todavía hay aliciente para el contrabando con ese decreto y no hay un ahorro por parte del país de eliminar la subvención”, advirtió.
El experto mencionó como ejemplo lo que ocurre en ciudades fronterizas como Yacuiba y Cobija, donde, según afirmó, existen vehículos que cargan combustible en el lado boliviano, cruzan la frontera, descargan y posteriormente regresan para volver a cargar.
“Multiplique esto por cientos y cientos de vehículos y usted se da cuenta que el problema no está resuelto”, señaló.
Para Zaratti, el problema de fondo no se limita a la aplicación del Decreto 5676. Bolivia enfrenta además una insuficiente producción nacional de petróleo, la necesidad de importar diésel y una falta de divisas para realizar esas compras.
“No falta diésel en el mercado internacional. Lo que le falta a Bolivia son divisas para poder traer todo el diésel que se necesita”, explicó.
A esto se suma, según el especialista, que Bolivia mantiene un precio del diésel inferior al de los países vecinos, situación que alimenta el contrabando y hace que el Estado no pueda recuperar el dinero destinado a la importación del combustible.
“La subvención es dinero quemado”, afirmó.
En este contexto, Zaratti consideró que mantener indefinidamente el actual sistema de subvención no es sostenible y planteó avanzar hacia una reforma del sistema de precios.
“Es obvio, es lógico que es insostenible esta situación”, sostuvo.
El experto también cuestionó que el país continúe buscando recursos mediante endeudamiento para cubrir la importación de combustibles sin resolver las causas estructurales de la crisis.
“Nos seguimos endeudando, y voy a usar una metáfora, en comprar sangre para ponerlo al paciente a sabiendas que el paciente está sangrando”, manifestó.
Según Zaratti, las filas y el desabastecimiento que actualmente enfrentan los ciudadanos son solamente la expresión más visible de una crisis que requiere decisiones inmediatas.
“Las filas que hay son solo la punta del iceberg de un problema”, afirmó.
Ante la urgencia, consideró que no se debería esperar una reforma constitucional para comenzar a tomar medidas y planteó incluso una modificación urgente de la Ley de Hidrocarburos dentro de los límites establecidos por la Constitución.
“Tenemos un enfermo en terapia intensiva. Tenemos que actuar ya”, sostuvo.
Sin embargo, Zaratti aclaró que eliminar la subvención no significa trasladar todo el costo de manera inmediata a la población ni permitir que el incremento del combustible golpee con la misma intensidad a todos los sectores.
“Hace tiempo estamos diciendo que la subvención hay que eliminarla. Esto no quiere decir que hay que castigar al pueblo con precios más altos del transporte”, explicó.
Como alternativa, planteó implementar mecanismos de compensación para los sectores de menores ingresos, mediante subsidios focalizados que permitan reducir el impacto de un eventual incremento en los costos del transporte y de la energía.
“Algo hay que hacer para mitigar, para aliviar el impacto de estas medidas en la gente”, afirmó.
De esta manera, el debate abierto por el Decreto 5676 no se limita al nuevo precio que deberán pagar determinados consumidores. También pone en discusión la continuidad de la subvención al transporte, el contrabando de combustibles, la capacidad del Estado para financiar las importaciones y la necesidad de una reforma estructural del sector hidrocarburos.
Para Zaratti, postergar estas decisiones profundizaría una crisis que ya se refleja en las filas de los surtidores y en las dificultades de abastecimiento que enfrentan distintos sectores del país.