El Decreto Supremo 5676, aprobado el domingo 16 de agosto y que establece un precio de Bs 18 por litro de diésel para los llamados grandes consumidores, generó rechazo entre productores agropecuarios, cooperativistas mineros, transportistas y representantes empresariales.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) cuestionó la medida y advirtió que el precio diferenciado podría incentivar la reventa y el mercado negro de combustible.
“Expresamos un no rotundo. La CAO rechaza rotundamente el decreto, porque el precio diferenciado solo alienta el mercado negro”, afirmó Yamil Nacif, vicepresidente de la CAO, al programa Asuntos Centrales.
Nacif sostuvo además que la disposición no resuelve el problema del desabastecimiento y planteó una modificación más profunda del sistema de comercialización de carburantes.
“El gobierno no soluciona el problema. Queremos la liberación completa de los precios, que YPFB salga de la comercialización de los combustibles, queremos que se transparente todo esto”, señaló.
El Comité de Defensa del Productor (Codepro) también observó la diferencia entre los Bs 18 que pagarán los grandes consumidores y los Bs 9,80 que se mantiene para el resto de los usuarios. Según el sector, esta brecha podría incentivar la reventa y el mercado informal sin solucionar de manera estructural la escasez.
Desde el transporte también surgieron cuestionamientos. El ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, rechazó el decreto y señaló que la medida afectará especialmente a las flotas de larga distancia.
Como ejemplo, explicó que un viaje entre La Paz y Cochabamba requiere al menos 350 litros de diésel, mientras que el recorrido entre Cochabamba y Santa Cruz demanda alrededor de 250 litros. Según Gómez, el incremento podría generar un aumento en las tarifas del transporte.
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Chuquisaca (Cainco Chuquisaca) expresó igualmente su preocupación, debido a que varias empresas afiliadas se encuentran dentro de la categoría de grandes consumidores por sus necesidades de operación.
La institución señaló que solucionar las filas en los surtidores no debería significar trasladar el costo a las empresas formales.
“El impacto, por tanto, no termina en el surtidor: alcanza a proveedores, transporte, contratos, consumidores, y a toda la cadena productiva”, señala el comunicado.
El Gobierno, por su parte, defendió la medida y afirmó que el Decreto Supremo 5676 busca reducir el desvío de combustible hacia el contrabando y regular el consumo de acuerdo con los volúmenes adquiridos.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, sostuvo que la norma permite sincerar los costos y reducir el impacto que representa para el Tesoro General del Estado la compra de diésel a precios internacionales y su comercialización a precios regulados.
A su vez, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, afirmó que la medida tendrá efectos principalmente a mediano plazo.
“Creemos que el efecto a mediano plazo va a ser muy importante porque gran parte de todo esto se está yendo al contrabando”, manifestó.
La autoridad explicó que existen redes dedicadas al desvío de combustible y mencionó el uso de contenedores conocidos como “bombuchas” para cargar diésel en zonas urbanas. Según Blanco, esta práctica evidencia que parte del combustible adquirido termina siendo destinado al contrabando.
El decreto mantiene en Bs 9,80 el litro de diésel para los demás consumidores, mientras que establece el precio de Bs 18 para los grandes consumidores, de acuerdo con los parámetros definidos por la norma.