El exfiscal Alain De Canedo afirmó que, pese a su aprehensión y a la investigación en su contra, Róger Mariaca mantiene legalmente el cargo de fiscal general del Estado mientras no se configure una causal que produzca su alejamiento. “Legalmente, de una forma muy objetiva, sigue siendo fiscal general del Estado”, sostuvo en “De Primera Mano”.
De Canedo explicó que uno de los principales problemas del caso es que todavía no existe claridad sobre los hechos por los cuales se pretende procesar a Mariaca. Señaló que, si las investigaciones corresponden a delitos presuntamente cometidos durante su gestión como fiscal general, se aplicaría el régimen de juicio de responsabilidades establecido para altas autoridades.
En cambio, si los hechos investigados son anteriores a su designación como fiscal general, correspondería la vía ordinaria. “Se lo estaría imputando por supuestos hechos cometidos antes de ser fiscal general del Estado”, explicó.
El exfiscal también señaló que una eventual detención preventiva no implicaría automáticamente la cesación de Mariaca, debido a que la Ley 260 no contempla actualmente esa situación como causal directa de destitución.
“Si el juez determina una detención preventiva, claro que ahí se entraría a un escenario donde tenemos un fiscal que estaría básicamente inhabilitado para seguir ejerciendo sus funciones. Pero eso no bastaría para simplemente su cesación del cargo”, explicó.
Sobre la situación de Luis Montaño, quien asumió la conducción interina de la Fiscalía General tras la aprehensión de Mariaca, De Canedo fue categórico al referirse al procedimiento previsto en la Ley 260.
“El artículo 25, parágrafo 2, de la Ley del Ministerio Público establece claramente que en caso de ausencia, impedimento definitivo de parte del fiscal general, asume el fiscal departamental o un fiscal superior, de acuerdo a su grado de antigüedad”, señaló.
Sin embargo, remarcó que la misma norma establece que la determinación de esa suplencia corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según explicó, el Ministerio Público debe remitir los antecedentes y la Asamblea, mediante la comisión correspondiente, debe establecer quién cumple con los requisitos de antigüedad para asumir la suplencia.
Por ello, De Canedo cuestionó la forma en que Montaño asumió la conducción del Ministerio Público. “Su accionar ha sido ilegal, ilegítimo, porque no se ha seguido el procedimiento que establece el artículo 25 de la Ley del Ministerio Público”, afirmó.
Respecto a las acciones de libertad presentadas por los fiscales aprehendidos, explicó que, si una autoridad judicial determina que la aprehensión fue ilegal, Mariaca recuperaría su libertad y no existiría, por ese solo hecho, un impedimento para que continúe ejerciendo como fiscal general.
En caso contrario, si la acción de libertad es rechazada y posteriormente un juez dispone una medida cautelar que le impida ejercer sus funciones, se abriría otro escenario institucional que, según De Canedo, podría requerir modificaciones a la Ley 260.
El exfiscal también cuestionó la actual situación institucional del Ministerio Público y consideró que existe una crisis que requiere una reestructuración. “Esto confirma el grado básicamente caótico de desinstitucionalización, incluso de corrupción, en el que estamos viviendo”, afirmó.
Finalmente, De Canedo insistió en que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, Mariaca continúa siendo fiscal general. “Si no recibe una detención preventiva, si no es que se modifica la Ley 260, él seguirá ahí siendo fiscal general del Estado”, sostuvo.