El mayor David Vargas cuestionó en “De Primera Mano” la intervención del poder político en la designación de los altos mandos de la Policía Boliviana y afirmó que los cambios de autoridades dentro de la institución afectan su institucionalidad. “Es simplemente un manoseo a la institución y esto, por supuesto, hiere los sentimientos más íntimos de los policías”, sostuvo.
Vargas señaló que la designación del comandante general corresponde constitucionalmente al presidente, pero consideró que, a partir de ese nombramiento, debería ser el máximo jefe policial quien seleccione a sus colaboradores y a los responsables de los distintos mandos.
“De ahí para abajo debería ser el comandante general quien responda por los nombramientos de sus subalternos, de quienes le van a acompañar en el cumplimiento de la misión constitucional”, afirmó.
El exjefe policial cuestionó específicamente que el nombramiento del inspector general haya sido realizado mediante decreto presidencial y sostuvo que el comandante general debería tener la potestad de elegir a la persona que considere adecuada para ese cargo.
Según Vargas, esta intervención política también genera problemas al momento de establecer responsabilidades cuando un jefe policial es cuestionado por sus antecedentes o por su actuación. “A quien debemos exigir respuestas, explicaciones de por qué han nombrado a uno con antecedentes como inspector, es al político, no a la Policía”, manifestó.
Sobre los antecedentes de los efectivos que llegan a cargos jerárquicos, sostuvo que dentro de la institución existe conocimiento sobre las trayectorias de sus integrantes, debido a que los policías comparten promociones y conocen sus antecedentes profesionales.
“En la Policía nos conocemos todos”, afirmó, al insistir en que el comandante general debería tener la posibilidad de escoger a quienes considere aptos para acompañarlo en la conducción institucional.
Vargas también se refirió a las declaraciones atribuidas al excomandante general de la Policía, general Sokol, sobre un supuesto grupo denominado Golden Boys y presuntas gestiones económicas relacionadas con la designación de mandos policiales. Señaló que esas afirmaciones debieron ser investigadas y respaldadas con denuncias concretas.
A su criterio, Sokol debió identificar a quienes presuntamente integraban ese grupo y a quienes habrían intentado establecer relaciones económicas con autoridades políticas. “Lo que debió hacer Sokol es identificarlo, tomarlo preso, procesarlo y denunciarlo públicamente”, sostuvo.
El mayor Vargas también cuestionó la respuesta actual de la Policía frente a la delincuencia y afirmó que la institución está actuando de manera reactiva ante los hechos delictivos.
“En este momento la Policía solamente está improvisando respuestas a la presencia de diferentes delitos que se han presentado en nuestro país”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que el Estado debería contar con una política criminal basada en un diagnóstico sobre las necesidades de seguridad, incluyendo la cantidad de efectivos y mandos requeridos en las distintas regiones y fronteras del país.
“Si el Estado no tiene una política criminal, obviamente el Ministerio de Gobierno está naufragando en su ignorancia y por supuesto esto obliga a que el comando de la Policía reaccione de manera improvisada”, señaló.
Vargas consideró que esta falta de planificación también afecta la presencia policial en regiones donde la población reclama mayor seguridad. Afirmó que antes de definir operativos o despliegues debería existir un diagnóstico que determine cuántos efectivos necesita cada zona y qué capacidades requiere la institución.
Como parte de su propuesta para fortalecer la institucionalidad policial, recordó una iniciativa que planteó hace aproximadamente 17 años durante la Asamblea Constituyente. Propuso que el presidente elija al comandante general entre las cinco primeras antigüedades de la institución y que el jefe policial permanezca al menos tres años en el cargo, salvo situaciones específicas como muerte, enfermedad o flagrancia de un delito.
“El comandante general de la Policía no debería ser removido de sus funciones por lo menos tres años”, sostuvo.
Según Vargas, una permanencia mínima permitiría que el comandante pueda desarrollar una gestión propia y responder por los resultados de la institución, en lugar de estar sujeto a cambios derivados de decisiones políticas.
Finalmente, sostuvo que la Policía requiere recuperar su institucionalidad y que los cambios deben comenzar por limitar la intervención política en la designación de sus mandos. “Tiene que en algún momento empezar a mejorar a partir de que los políticos dejen de meter sus garras, sus uñas en la institución policial”, afirmó.