LA PAZ MEDIA 96.7
País

Velásquez: «Es irresponsable pedir que hoy en día no se realice el ajuste al precio de la gasolina»

El analista en Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, sostuvo que Bolivia debe avanzar con el ajuste al precio de la gasolina debido a que importa el 60% del combustible que consume y ya no cuenta con recursos suficientes para cubrir la diferencia entre el costo internacional y el precio subvencionado en el mercado interno. Planteó que la medida debe estar acompañada de políticas sociales y de un ajuste en los diferentes niveles del Estado.

Velásquez explicó que Bolivia se convirtió en un país importador neto de hidrocarburos desde 2022. Detalló que el 95% del diésel y el 60% de la gasolina que se consume en el país provienen del exterior, por lo que Bolivia debe asumir los precios internacionales.

En ese contexto, recordó que en enero de este año se realizó un ajuste parcial al precio de la gasolina, que pasó a Bs 6,96 por litro, mientras que el diésel llegó a Bs 17,95 en septiembre. Sin embargo, señaló que el precio de la gasolina se mantiene por debajo del valor de referencia regional, que bordea los Bs 16 por litro.

«Por cada litro de gasolina el Estado está subvencionando 10 bolivianos y es un lujo que ya no nos podemos dar porque el país está en un escenario de déficit fiscal», afirmó.

El especialista también se refirió a las diferencias en las declaraciones del ministro de Hidrocarburos y del presidente de YPFB sobre el momento en que se realizaría una nueva evaluación del precio de la gasolina. Al respecto, indicó que, más allá de la fecha en que se aplique la medida, el ajuste es inevitable debido a la situación económica del país.

«Es irresponsable pedir que hoy en día no se realice este ajuste, el ajuste hay que hacerlo», manifestó. Añadió que mantener la subvención implica continuar recurriendo al endeudamiento para cubrir la diferencia entre el precio de compra y el de venta.

Velásquez aclaró que retirar la subvención no significa que automáticamente se generarán recursos adicionales para salud o educación, porque, según explicó, el Estado actualmente no dispone del dinero necesario para cubrir ese gasto y recurre al endeudamiento.

Por ello, consideró que el ajuste debe aplicarse junto con políticas sociales que reduzcan su impacto en la población. También sostuvo que el Estado debe mostrar coherencia y realizar ajustes en sus distintos niveles, entre ellos el Órgano Ejecutivo, las gobernaciones, los municipios, las universidades públicas, la Policía y las Fuerzas Armadas.

El analista señaló que la reducción de las reservas de hidrocarburos líquidos refleja los resultados de la política energética aplicada durante los últimos años. Indicó que Bolivia contaba con 253 millones de barriles de reservas probadas certificadas en 2009, mientras que la última certificación reportó 58 millones de barriles.

A su juicio, el ajuste a los precios debió realizarse gradualmente hace una década, cuando el país tenía mayores recursos para amortiguar sus efectos. Sin embargo, afirmó que no se avanzó oportunamente en exploración ni en políticas para atraer inversiones.

Velásquez cuestionó la falta de seguridad jurídica y sostuvo que el país necesita una nueva ley de hidrocarburos, además de normas de inversiones y electricidad. Explicó que los proyectos de exploración requieren al menos cinco años, por lo que se necesita un marco legal que garantice condiciones para invertir durante periodos de 10 a 20 años.

Asimismo, criticó el papel de YPFB como actor monopólico del sector y afirmó que la empresa se convirtió en una «fábrica de empleo político». Según los datos que expuso, la producción de gas cayó un 56% y la de hidrocarburos líquidos un 64%.

Velásquez sostuvo que Bolivia atraviesa una crisis energética desde julio de 2023, cuando comenzaron las largas filas para adquirir gasolina y diésel. Además, advirtió que el país podría comenzar a importar una parte del gas natural que consume en 2028 o 2029.

Explicó que la certificación de reservas reportó 2,3 TCF de gas probado al 2025 y que esa cantidad habría disminuido durante 2026 debido a la explotación de los reservorios, sin nuevos descubrimientos. Aclaró que esto no significa que el gas se haya terminado en Bolivia, sino que están disminuyendo las reservas descubiertas durante la década de 1990.

También señaló que alrededor del 70% de la generación eléctrica proviene de plantas termoeléctricas que utilizan gas natural subvencionado. Consideró que se debe revisar el precio de este energético para atraer inversiones en exploración y permitir que las energías renovables puedan competir en mejores condiciones.

Durante la entrevista, Velásquez diferenció el gas licuado de petróleo (GLP), comercializado en garrafas, del gas natural que llega por tuberías a los hogares, industrias y plantas termoeléctricas.

Respecto a las garrafas, cuya presentación actualmente cuesta Bs 22,50, señaló que la Fundación Jubileo recomienda mantener la subvención y aplicar incrementos graduales de Bs 3 a Bs 4 por año. Explicó que el 95% del consumo de GLP corresponde a los hogares y que retirar completamente la subvención elevaría el precio de la garrafa a entre Bs 110 y Bs 120, lo que representaría un fuerte impacto para la población.

En cambio, planteó que el precio del gas natural debe sincerarse. Indicó que actualmente cuesta en promedio 1,30 dólares por unidad energética y que debería acercarse a los 7 dólares, principalmente para la industria y las plantas termoeléctricas, mientras que para los domicilios el incremento podría ser menor.

El analista insistió en que los ajustes de precios deben formar parte de una política energética de largo plazo, acompañada de medidas sociales, seguridad jurídica y condiciones para atraer inversiones que permitan recuperar la producción nacional de hidrocarburos.

Artículos Relacionados

Fiscalía de Arica suspende destrucción de madera incautada por supuesto vínculo con drogas

la paz media

Fajardo cuestiona alcance de la visita de Paz a EEUU y dice que Washington mantiene suspicacias sobre su Gobierno

la paz media

Pese al cuarto intermedio en los bloqueos en el paso fronterizo de Desaguadero transportistas temen no llegar a destino por conflictos en Perú

Paola Rios