El exdiputado Amílcar Barral cuestionó las posiciones asumidas por Evo Morales y Eduardo Del Castillo frente al caso Beller-Cerimedo y consideró que sus pronunciamientos generan interrogantes sobre el trasfondo político de la controversia.
Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, Barral sostuvo que existen intereses políticos, económicos y de poder alrededor del caso y pidió que las declaraciones realizadas por Nadia Beller sean sometidas a una investigación formal y contrastadas con pruebas.
Barral puso especial énfasis en los pronunciamientos de dirigentes y exautoridades que salieron a cuestionar la actuación de la justicia o a respaldar a Beller. En ese contexto, mencionó a Evo Morales y al exministro Eduardo Del Castillo.
“¿Con qué moral puedo reclamar a la justicia?”, cuestionó Barral al referirse a Evo Morales y a sus críticas sobre una eventual declaración en reserva de la investigación. El exdiputado sostuvo que el expresidente también tiene cuestionamientos pendientes respecto a su relación con la justicia y recordó su propia interpretación sobre anteriores procesos judiciales.
Barral también cuestionó la intervención pública de Eduardo Del Castillo en defensa de Beller y consideró que las declaraciones de distintas figuras políticas pueden terminar convirtiendo el caso en una disputa política, en lugar de concentrarse en el esclarecimiento de los hechos.
El exdiputado señaló que el caso debe ser investigado tanto por el supuesto atentado contra Beller como por las denuncias que ella realizó posteriormente, entre ellas presuntos pagos a legisladores, hechos de corrupción y movimientos relacionados con sectores sensibles de la economía nacional.
Uno de los aspectos que Barral considera relevantes es la existencia de una lista en la que, según las declaraciones de Beller, aparecerían legisladores presuntamente vinculados con pagos a cambio de votos. El exdiputado cuestionó que los parlamentarios mencionados no hayan iniciado acciones legales para esclarecer esas acusaciones.
“Si estás hablando en nombre de la bancada, entonces te deja un espacio abierto para especular mucho”, afirmó Barral al referirse a las declaraciones de una legisladora que negó haber recibido dinero, pero evitó pronunciarse en defensa de otros asambleístas.
El entrevistado también expresó dudas sobre algunos elementos del supuesto atentado contra Beller. Mencionó, entre otros aspectos, la presencia de ambulancias antes de que se conociera públicamente el hecho y la posterior detención de Fernando Cerimedo. Aclaró que no es criminólogo y que estos elementos deben ser esclarecidos mediante una investigación oficial.
Barral cuestionó además que Beller haya concedido entrevistas a medios de comunicación antes de prestar declaración ante la Fiscalía, según su versión. A su criterio, esto genera interrogantes que deben ser resueltos mediante informes oficiales, pericias y declaraciones ante las autoridades competentes.
La Fiscalía de La Paz abrió una investigación de oficio a partir de las declaraciones realizadas por Beller, lo que podría permitir que las autoridades convoquen a las personas mencionadas y establezcan si existen elementos suficientes para sustentar las denuncias.
Barral sostuvo que el caso podría alcanzar otros niveles políticos si las investigaciones encuentran respaldo documental a las denuncias. Sin embargo, insistió en que no se deben sacar conclusiones anticipadas y que corresponde a la justicia determinar responsabilidades.
En la entrevista, el exdiputado también cuestionó el funcionamiento de la justicia boliviana y planteó la necesidad de modificar el sistema de elección de magistrados. Afirmó que la selección mediante voto popular puede convertir la elección de autoridades judiciales en una disputa política.
Para Barral, el caso Beller-Cerimedo no debería quedar reducido al supuesto atentado. Considera que las denuncias posteriores, los vínculos políticos de los involucrados y las declaraciones de quienes han salido públicamente a respaldar o cuestionar a Beller forman parte de un escenario que debe ser esclarecido por las instituciones correspondientes.
La investigación, en ese sentido, tendrá que determinar qué parte de las acusaciones cuenta con evidencia verificable y qué elementos corresponden únicamente a declaraciones que todavía deben ser contrastadas.