Edwin Alfonso Sarmiento Valdivia, uno de los fiscales que actualmente impulsa la investigación contra el fiscal general Róger Mariaca y otros tres investigados por presuntos vínculos con una estructura relacionada con el narcotráfico, aparece en antecedentes de procesos constitucionales y en una denuncia por presuntas irregularidades que fue rechazada por la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa. Pese a estos antecedentes, continúa ejerciendo funciones en el Ministerio Público y ahora participa en la solicitud de prisión preventiva para Mariaca, Alberto Zeballos, Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio. #Bolivia #Fiscalía #EdwinSarmiento #Mariaca
Sarmiento integra, junto al fiscal Daniel Portales Barja, la comisión de fiscales de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico y Medio Ambiente que solicitó la detención preventiva de los cuatro investigados por seis meses.
La audiencia cautelar se instaló minutos después de las 05:00 de este sábado 3 de octubre ante el Juzgado Quinto de Instrucción Cautelar de La Paz. La Fiscalía pidió que Mariaca, Zeballos e Irusta sean enviados al penal de San Pedro y que Aparicio sea recluido preventivamente en Patacamaya.
La imputación atribuye a los cuatro investigados los delitos de tráfico de sustancias controladas, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas. Según la hipótesis fiscal, habrían formado parte de una estructura que proporcionaba presunta protección institucional al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
En el caso de Irusta, la Fiscalía sostiene que fue encontrado en instalaciones de la Fiscalía General del Estado cuando presuntamente intentaba retirar documentación y expedientes relacionados con la investigación. También menciona el hallazgo de un cable tipo C que, según la hipótesis fiscal, estaría relacionado con un intento de extraer información.
Los cuatro fueron aprehendidos durante el operativo desplegado la noche del 30 de septiembre. Mariaca y Zeballos fueron interceptados en el aeropuerto internacional de Viru Viru, mientras que Irusta fue detenido en Sucre y Aparicio en La Paz.
Pero mientras Sarmiento participa actualmente en una investigación de alto impacto contra el exfiscal general, su nombre ya aparece en distintos antecedentes judiciales y administrativos.
En la Sentencia Constitucional Plurinacional 0233 de 2014, Sarmiento figura como fiscal demandado en una acción de libertad presentada por Lidio Poma Cáseres. El Tribunal Constitucional Plurinacional negó la tutela debido a la aplicación del principio de subsidiariedad, al considerar que el afectado debía acudir primero ante el juez de instrucción que ejercía el control jurisdiccional. La sentencia precisó que no correspondía ingresar al análisis de fondo de la denuncia.
Sarmiento también aparece en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0396 de 2015, relacionada con una acción de libertad presentada por Pablo Gabriel Sánchez Arana, quien denunció una supuesta detención ilegal. En la documentación proporcionada consta que la autoridad de garantías rechazó la tutela al considerar que existía un juez de instrucción encargado del control del proceso y que los cuestionamientos debían plantearse ante esa instancia.
Otro antecedente corresponde a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0230 de 2024-S4, en la que Sarmiento aparece nuevamente como fiscal demandado dentro de una acción de libertad presentada por Valentín Pari Alanoca. El reclamo estaba relacionado con actuaciones investigativas, solicitudes de información y respuestas a memoriales durante un proceso penal. La resolución constitucional de instancia que forma parte de la documentación señala que la tutela fue denegada porque existían mecanismos ante superiores fiscales y la autoridad jurisdiccional.
Además, en diciembre de 2023 Marcelino Cancari Huanca presentó una denuncia contra Sarmiento por presuntas irregularidades. El caso fue remitido al Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa, que recomendó el rechazo de la denuncia. Posteriormente, la Comisión de Justicia Plural resolvió rechazarla y disponer su archivo.
Los antecedentes documentados muestran que Sarmiento ha sido cuestionado en distintos procesos constitucionales y que una denuncia por presuntas irregularidades llegó hasta la Comisión de Justicia Plural. Sin embargo, las resoluciones proporcionadas no establecen una condena penal ni una sanción contra el fiscal por esos hechos.
Pese a ello, Sarmiento continúa ejerciendo funciones en el Ministerio Público y actualmente es uno de los fiscales que sustenta la imputación contra Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio.
La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes y riesgos procesales para justificar la detención preventiva solicitada. La decisión sobre la situación jurídica de los cuatro investigados corresponde al juez que conoce la audiencia cautelar.