Julio Alvarado señala que los artículos 320 y 351 de la Constitución limitan el arbitraje internacional y obligan a reinvertir utilidades, por lo que considera que la reforma constitucional debe preceder a la Ley de Inversiones.
El economista Julio Alvarado advirtió que la Ley de Inversiones enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional podría ser inconstitucional si pretende establecer disposiciones que contradigan la Constitución Política del Estado (CPE). Afirmó que el Gobierno debe priorizar una reforma constitucional para generar condiciones de seguridad jurídica y atraer capital extranjero.
Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, Alvarado sostuvo que modificar la Ley de Inversiones es fundamental para atraer dólares frescos a la economía, pero cuestionó que el proceso se haya iniciado por la parte final.
“Lo primero que debe hacerse es una modificación de la Constitución Política del Estado, no de la ley”, afirmó.
El economista mencionó como ejemplos los artículos 320 y 351 de la CPE. Según explicó, el primero limita el arbitraje internacional, mientras que el segundo establece disposiciones sobre la reinversión de utilidades de los inversionistas extranjeros.
A criterio de Alvarado, mientras estas disposiciones constitucionales permanezcan vigentes, una ley que establezca el arbitraje internacional o permita la libre disposición de utilidades podría ser cuestionada por inconstitucionalidad.
“Por más que en la ley se establezca el arbitraje internacional y la no reinversión de los beneficios en Bolivia, esta ley va a ser inconstitucional porque está yendo en contra de la Constitución Política del Estado”, sostuvo.
El economista consideró que esta situación podría afectar la llegada de inversiones extranjeras, debido a que los capitales requieren garantías jurídicas claras antes de ingresar al país.
Frente a la urgencia económica que atraviesa Bolivia, Alvarado planteó que la Asamblea Legislativa impulse modificaciones específicas a la Constitución y posteriormente someta esos cambios a un referéndum.
“Ese es el camino más rápido”, afirmó, al señalar que una reforma mediante una Asamblea Constituyente podría tomar entre dos y tres años.
Según Alvarado, con voluntad política del Gobierno y de la Asamblea Legislativa, una reforma parcial de los artículos relacionados con las inversiones podría concretarse en un periodo de seis a nueve meses.
“Tenemos que mirar hacia adelante y lo que se debe hacer inmediatamente es plantear la reforma a la Constitución”, señaló.
El economista sostuvo además que no es necesario iniciar nuevamente un estudio completo de la CPE, porque, según dijo, varios juristas ya identificaron los artículos que generan restricciones para la inversión extranjera directa.
Alvarado también cuestionó la decisión del Gobierno de descartar inicialmente el diálogo con los líderes de las organizaciones políticas con representación parlamentaria. Consideró que, ante la situación económica del país, el Ejecutivo debe conversar con todos los sectores y bancadas.
“En esta situación crítica lo que hay que hacer es hablar y dialogar con todos, sin excepción”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que la reforma constitucional debería ser la base para posteriormente aprobar las leyes fundamentales que permitan transformar el marco económico del país, entre ellas las normas sobre hidrocarburos, minería, inversiones y electricidad.
“Primero se tiene que modificar lo grande, la Carta Magna, nuestra Constitución, y sobre esa base ya se redactan las otras cuatro leyes fundamentales”, concluyó.