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Diputados sancionan ley que regula los estados de excepción y la remiten al Ejecutivo para su promulgación

La Cámara de Diputados sancionó este domingo el Proyecto de Ley N.º 161/2025-2026, que regula la aplicación de los estados de excepción en Bolivia, estableciendo procedimientos, límites y mecanismos de control para su implementación ante amenazas externas, conmociones internas o desastres naturales.

En su 126.ª sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó y sancionó el Proyecto de Ley N.º 161/2025-2026, normativa que regula los estados de excepción y busca garantizar la conservación del orden público interno, la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y la protección de la ciudadanía frente a situaciones extraordinarias.

Tras la aprobación en sus estaciones en grande y detalle, el presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro Salazar, anunció la sanción de la norma y su remisión al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo Cámara Revisora, queda sancionada la presente ley. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”, manifestó la autoridad legislativa.

La norma define el Estado de Excepción como un régimen jurídico extraordinario y temporal que podrá ser dispuesto por el Presidente del Estado con el objetivo de preservar el orden constitucional y garantizar la seguridad nacional ante circunstancias excepcionales.

El proyecto está compuesto por 27 artículos y regula la aplicación de los estados de excepción conforme al Parágrafo III del artículo 139 de la CPE. Además, establece principios rectores como constitucionalidad, proporcionalidad, necesidad, subsidiariedad, temporalidad, gradualidad, no discriminación y uso diferenciado de la fuerza.

Asimismo, la normativa incorpora mecanismos de rendición de cuentas, determina causales y procedimientos para la finalización de estas medidas extraordinarias y establece la participación de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público durante su aplicación.

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