El Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edmand Lara Montaño, presentó formalmente una Acción de Protección de Privacidad ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz contra Jaime Marco Soliz Phiel, ex Director General de Planificación de la Vicepresidencia. Según consta en la demanda, el accionado habría desempeñado funciones durante catorce días en diciembre pasado, tras lo cual presentó su renuncia. El tribunal admitió la acción el 10 de febrero y programó audiencia pública para el 24 de febrero a horas 14:30, a desarrollarse por plataforma virtual.
La demanda señala que el exfuncionario habría difundido en sus cuentas de TikTok y Facebook contenido que el accionante califica como datos falsos y sensibles. Entre las publicaciones mencionadas se encuentran afirmaciones sobre la salud mental del Vicepresidente —como que «necesita tratamiento psiquiátrico» y que carece de «capacidad racional»—, así como imputaciones que lo vincularían con «lavado de dinero» y «traficantes de oro» utilizando expresiones como «mineros chinos». El accionante adjuntó a su demanda certificados de antecedentes penales (REJAP) y de no violencia (CENVI) para desvirtuar dichas afirmaciones.
La acción legal también hace referencia a la difusión de información sobre trámites internos, memorándums institucionales y conversaciones privadas ocurridas en el despacho vicepresidencial. El demandante invoca los artículos 130 y 131 de la Constitución Política del Estado y jurisprudencia constitucional que, según señala, reconoce a las redes sociales como espacios donde pueden generarse vulneraciones a los derechos de privacidad cuando son administradas por particulares que almacenan y difunden datos sobre terceros.
En su petitorio, Lara solicita al tribunal la eliminación definitiva de las publicaciones identificadas, una medida cautelar de suspensión mientras dura el proceso, y que se ordene al accionado abstenerse de difundir en el futuro información sobre su salud mental o conversaciones privadas. La autoridad judicial convocó a ambas partes a la audiencia pública del 24 de febrero, donde el demandado deberá presentar su informe y los antecedentes del caso.