Juan José Torres presentó un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra los denominados «jucus». Sostiene que las penas actuales permiten a los acusados acceder a salidas alternativas y evitar el cumplimiento efectivo de condenas.
Tras la muerte de dos militares durante un operativo contra los denominados «jucus» en la mina Huanuni, el diputado Juan José Torres presentó un proyecto de ley que busca endurecer las penas por el delito de robo de minerales, con el objetivo de frenar este tipo de hechos y evitar que los responsables accedan a salidas alternativas.
En entrevista con el programa De Primera Mano, el legislador explicó que la iniciativa modifica el artículo 331 Bis del Código Penal para aumentar la pena de tres a seis años a un rango de cuatro a ocho años de prisión.
«Los que cometen esta clase de delitos ya no se van a acomodar a una salida alternativa o a un procedimiento abreviado, sino van a tener una sentencia y cumplir la pena», afirmó.
Torres señaló que el incremento del precio de los minerales provocó un crecimiento de este tipo de delitos, principalmente en Potosí, Oruro y el norte de La Paz, afectando a empresas estatales, cooperativas, pequeños productores y compañías privadas.
«Empiezan a ingresar a ciertas minas y robar cantidades de minerales. Esto perjudica no solamente al sector minero, sino también a la economía de las empresas estatales, cooperativas y privados», sostuvo.
El diputado indicó que, si bien el robo de minerales ya está tipificado como delito, la sanción vigente permite que muchos implicados obtengan beneficios procesales.
«Muchos de ellos que son capturados se acomodan a varias salidas alternativas o a un procedimiento abreviado y nunca cumplen una pena efectiva», afirmó.
Cuestiona al sistema judicial
Torres también responsabilizó al sistema judicial por la reincidencia de estos hechos y aseguró que existen deficiencias en la aplicación de las sanciones.
«Nuestro sistema penal es muy duro para algunos, pero muy blando para otros. Muchas veces favorece con salidas alternativas y eso no es gratis», manifestó.
El legislador anunció que iniciará un proceso de socialización del proyecto con la Cámara de Minería, el sector cooperativista y las brigadas parlamentarias de los nueve departamentos para buscar respaldo antes de su tratamiento en la Asamblea Legislativa.
Pérdidas millonarias
Torres afirmó que el robo de minerales genera pérdidas económicas millonarias y citó recientes casos registrados en Potosí.
«La anterior semana se aprehendió a personas que habían extraído mineral valuado en aproximadamente dos millones de bolivianos. Hay otros casos donde se roban minerales por cuatro o cinco millones de bolivianos y no se logra identificar a los responsables», señaló.
Asimismo, advirtió que estas organizaciones utilizan a menores de edad y que, en algunos casos, sus integrantes portan armas y explosivos, lo que incrementa el riesgo para las fuerzas del orden y los trabajadores mineros.
El diputado sostuvo que la propuesta toma como referencia legislaciones de países como Perú, Chile y Colombia, donde las penas por este tipo de delitos alcanzan entre cuatro y ocho años de prisión. A su criterio, el endurecimiento de las sanciones contribuirá a reducir el robo de minerales y las pérdidas económicas para el Estado.