El diputado del Partido Demócrata Cristiano, Juan José Torres, planteó que la Asamblea Legislativa conforme una comisión investigadora para revisar las denuncias contra jueces y fiscales, mientras que para las máximas autoridades judiciales, como el fiscal general Roger Mariaca y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, consideró que corresponde activar un juicio de responsabilidades.
Torres sostuvo que la comisión debe actuar con rapidez y revisar los antecedentes de autoridades judiciales que hayan sido denunciadas por corrupción u otras irregularidades.
“La Asamblea tiene la obligación de conformar una comisión investigadora rápida y que tome decisiones para destituir”, afirmó.
El legislador señaló que la investigación debería alcanzar a jueces, fiscales y otros funcionarios sobre los que existan denuncias, con el objetivo de establecer responsabilidades y determinar las acciones correspondientes.
Torres diferenció este mecanismo del procedimiento aplicable a las máximas autoridades. En el caso de Mariaca, sostuvo que corresponde abrir un juicio de responsabilidades y remarcó que el fiscal general debería apartarse temporalmente de sus funciones para evitar posibles interferencias.
“Él no puede ser juez y parte”, manifestó.
El diputado también sostuvo que la comisión podría revisar casos que, según afirmó, fueron denunciados anteriormente y no avanzaron en las instancias correspondientes. En ese contexto, mencionó investigaciones relacionadas con jueces, fiscales y funcionarios del Consejo de la Magistratura.
Torres consideró que el actual escenario debe servir para impulsar una transformación de la administración de justicia y planteó que la Asamblea analice modificaciones parciales a la Constitución y una “ley corta” para corregir algunos aspectos del sistema.
“Esto ya nos da luces para que realmente ya la justicia pueda cambiar”, sostuvo.
El legislador insistió en que cualquier actuación de la Asamblea debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, y señaló que las investigaciones deben establecer responsabilidades individuales antes de aplicar sanciones.