El diputado y abogado constitucionalista Carlos Alarcón sostuvo que la Asamblea Legislativa debe conocer primero la información oficial solicitada a Estados Unidos sobre las acusaciones contra el fiscal general Roger Mariaca y, si los antecedentes las respaldan, activar un juicio de responsabilidades. “Lo que convendría hacer y lo que es obligatorio hacer de acuerdo a Constitución y ley es más bien, sobre la base de esa información complementaria de Estados Unidos, activar inmediatamente un juicio de responsabilidades”, afirmó.
Alarcón se refirió a la convocatoria realizada por el vicepresidente Edmand Lara para una sesión plenaria de las cámaras de Diputados y Senadores, prevista para el lunes, en la que se plantea la conformación de una comisión especial de investigación sobre el caso Mariaca.
El diputado cuestionó que se opte por esa vía si previamente se recibe información oficial de Estados Unidos que permita sustentar las acusaciones contra el fiscal general. A su criterio, una comisión paralela podría generar un adelanto de criterio y afectar las atribuciones constitucionales de ambas cámaras en un eventual juicio de responsabilidades.
“Nos estaríamos inhabilitando para cumplir nuestro rol de acusadores como diputados y de juzgadores como senadores en un eventual juicio de responsabilidades”, sostuvo.
El legislador recordó que los presidentes de ambas cámaras ya solicitaron oficialmente a la Cancillería que gestione ante Estados Unidos el envío de información complementaria sobre las acusaciones formuladas contra Mariaca.
Según Alarcón, si esos antecedentes llegan antes de la sesión y confirman los señalamientos, la Asamblea debería actuar directamente mediante el mecanismo establecido por ley, en lugar de iniciar una investigación que podría prolongarse durante meses.
“Si se confirman los hallazgos, haya un juicio de responsabilidades”, afirmó.
Alarcón explicó además que, bajo las modificaciones realizadas a la normativa sobre juicio de responsabilidades, el procedimiento contra un fiscal general tiene actualmente una naturaleza administrativa y disciplinaria. Señaló que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Justicia Plural, debe emitir un informe que puede plantear acusación, rechazo o sobreseimiento.
Si la Cámara de Diputados aprobara un informe de acusación con la mayoría requerida, el fiscal general quedaría suspendido, según la explicación del diputado. Posteriormente, el Senado asumiría el juzgamiento y, si confirmara la acusación mediante una sentencia condenatoria, correspondería la destitución del fiscal general.
Sobre la situación de Mariaca, Alarcón sostuvo que las acusaciones difundidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos son de gravedad y reiteró que, en su criterio, el fiscal general debería apartarse temporalmente para garantizar una investigación transparente.
“El primer deber y obligación del fiscal general era garantizar una investigación penal transparente con relación a su propia persona”, afirmó.
El diputado también cuestionó otros antecedentes y vínculos que, según manifestó, deberían ser investigados dentro del Ministerio Público y otras instancias de justicia. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por Alarcón durante la entrevista y no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad.
Finalmente, planteó que el caso debería abrir un proceso más amplio de reforma de la administración de justicia. “No solamente tiene que haber una investigación y las acciones concretas con relación a semejantes acusaciones, sino que además se tiene que hacer una transformación integral del sistema judicial”, sostuvo.