El exfiscal de distrito de Santa Cruz Jaime Soliz afirmó que las observaciones difundidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra autoridades bolivianas vinculadas al sistema de justicia no serían un hecho aislado y sostuvo que detrás de los nombres existirían investigaciones relacionadas con narcotráfico, corrupción y crimen organizado. Planteó que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, sea suspendido mientras se investiga su situación y reiteró: “Esta es una lista corta. Falta la lista verdadera”.
Soliz sostuvo que la información difundida por Estados Unidos no le causó sorpresa y afirmó que, según su versión, las investigaciones se habrían desarrollado durante meses y estarían relacionadas con operaciones de organismos estadounidenses contra el narcotráfico.
“Detrás de cada uno de estos nombres existen expedientes, existen casos abiertos de investigación, y no es un tema aislado”, afirmó.
El exfiscal consideró que las observaciones deberían generar una respuesta institucional en Bolivia, principalmente porque Mariaca ocupa la máxima autoridad del Ministerio Público. A su criterio, la Asamblea Legislativa debería analizar una eventual suspensión mientras se solicita información y se desarrolla una investigación.
“Yo creo que la Comisión de Constitución debía de emergencia reunirse y la Asamblea Legislativa destituir al Fiscal General o suspenderlo como medida cautelar mientras investiga su situación y se pide toda la información”, sostuvo.
Soliz vinculó esta situación con la persecución penal contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción y cuestionó que una autoridad encargada de dirigir esas investigaciones pueda estar entre los funcionarios observados por Estados Unidos.
También sostuvo que las observaciones internacionales deberían llevar a revisar el funcionamiento del Ministerio Público y del sistema judicial. “Hay que despedir, hay que limpiar esa Fiscalía. Esa Fiscalía está podrida”, afirmó, al referirse a lo que considera problemas internos de la institución.
El exfiscal también cuestionó que, pese a los casos de narcotráfico que se investigan en el país, no existan, según su apreciación, grandes narcotraficantes privados de libertad. Mencionó específicamente la situación de personas vinculadas al caso de Sebastián Marset y afirmó que algunas personas relacionadas con investigaciones por narcotráfico continuarían en libertad.
En ese contexto, cuestionó la actuación de unidades del Ministerio Público en Santa Cruz y lanzó acusaciones de presuntas extorsiones contra empresarios. Afirmó que existirían unidades donde, según su versión, se utilizarían informes de inteligencia para iniciar actuaciones contra personas dedicadas a la importación de mercadería.
Estas afirmaciones fueron realizadas por Soliz durante la entrevista y no estuvieron acompañadas en el diálogo por documentación presentada en pantalla que permita corroborarlas.
El exfiscal también sostuvo que la situación de Mariaca no estaría aislada de otros sectores de la administración de justicia y mencionó al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Magistratura. Según su versión, existirían vínculos entre autoridades judiciales y del Ministerio Público que deberían ser investigados.
Al referirse al silencio del Consejo de la Magistratura frente a las observaciones difundidas por Estados Unidos, Soliz fue enfático: “Es un silencio cómplice, es un tema cómplice”.
Además, afirmó que autoridades del sistema judicial habrían coordinado acciones políticas con otros actores, una acusación que atribuyó a información que, según dijo, conoce personalmente. También sostuvo que existiría una estructura de poder económico y político vinculada a funcionarios de la justicia.
Soliz pidió revisar los procesos judiciales relacionados con personas acusadas de narcotráfico que fueron liberadas y propuso auditorías jurídicas sobre esos casos.
“¿Qué hacen los del Consejo de la Judicatura? Que no están interviniendo los despachos de los jueces para hacer la auditoría jurídica a todos los casos de todos los narcotraficantes que han liberado”, cuestionó.
Sobre el caso de Sebastián Marset, Soliz puso en duda que una operación internacional de esa magnitud pudiera desarrollarse sin conocimiento de las principales autoridades del Ministerio Público. Señaló que Marset era uno de los narcotraficantes más buscados de la región y cuestionó las circunstancias en las que permaneció en Santa Cruz.
“Si no te llaman siendo la cabeza del Ministerio para informarte de una operación internacional para llevarse al principal narcotraficante de los últimos 10 años en América Latina, aquí hay cosas que faltan”, afirmó.
El exfiscal también mencionó a otras personas y autoridades que, según su versión, deberían ser investigadas por posibles vínculos con organizaciones criminales y pidió fortalecer los mecanismos de investigación contra el narcotráfico.
En particular, planteó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico tenga controles cruzados y coordinación con organismos internacionales. “Es hora que la FELCN ponga una FELCN transparente con control y fiscalización de unidades de inteligencia cruzada con la DEA”, sostuvo.
Soliz consideró además que las autoridades bolivianas deben solicitar información oficial a Estados Unidos para conocer los elementos que sustentan las observaciones. Afirmó que una medida de esta naturaleza no se basaría únicamente en una declaración pública.
“Detrás de esto hay toda una investigación porque esto tiene que estar sustentado para que el Departamento de Estado lo haga”, manifestó.
Sobre la posibilidad de que las autoridades observadas abandonen el país, Soliz afirmó que, en su criterio, existiría el riesgo de que algunos intenten salir y mencionó posibles destinos como Rusia, Cuba e Irán. También sostuvo que podrían estar incluidas en listas internacionales, aunque esta afirmación no fue respaldada durante la entrevista con documentación oficial.
El exfiscal insistió en que los funcionarios observados deberían renunciar o apartarse de sus cargos mientras se desarrollan las investigaciones.
“Esta gente debía renunciar, someterse a una investigación y comenzar la purga que se necesita en el Poder Judicial”, afirmó, al referirse al Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el sistema judicial.
Respecto al papel de la Asamblea Legislativa, explicó que existe una comisión relacionada con el Ministerio Público que, según su interpretación, podría iniciar investigaciones y solicitar medidas respecto a Mariaca.
“Esa comisión podría empezar ya hoy día a iniciar toda la investigación a Mariaca y pedirle su suspensión por un determinado tiempo mientras es investigado”, sostuvo.
También cuestionó que la Policía Boliviana dependa funcionalmente del Ministerio Público para determinadas investigaciones cuando, según su posición, existen cuestionamientos contra la máxima autoridad de esa institución.
Soliz planteó que el Ejecutivo y el Legislativo coordinen acciones y que se conformen instancias especiales para revisar el funcionamiento de la Fiscalía y de los juzgados relacionados con procesos de narcotráfico.
En la parte final de la entrevista, el exfiscal volvió a cuestionar el alcance de la lista difundida por Estados Unidos y sostuvo que todavía podrían aparecer otros nombres.
“Esto solamente es la tapa de la presentación. Esta es una lista corta. Falta la lista verdadera”, afirmó.
Finalmente, Soliz cuestionó el silencio de sectores como colegios de abogados, universidades y parte de la Asamblea Legislativa y consideró que debería convocarse de manera inmediata a una sesión para analizar las denuncias y definir acciones institucionales.