Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, pidieron este lunes que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, se aparte temporalmente de sus funciones mientras se esclarecen las acusaciones formuladas por Estados Unidos en su contra.
La propuesta surge después de que el Gobierno estadounidense restringiera la visa de Mariaca y lo señalara por presuntos “actos de corrupción significativa” vinculados con la protección al narcotráfico. Los legisladores remarcaron, sin embargo, que las acusaciones deben ser investigadas y que no implican por sí mismas una condena.
“La gravedad de estos señalamientos obliga a actuar con prontitud, pero también con responsabilidad. Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas”, afirmó Ávila.
El presidente del Senado sostuvo que el apartamiento permitiría que cualquier investigación avance sin interferencias y bajo condiciones de independencia.
“Consideramos que es necesario que, mientras se esclarezcan los hechos denunciados, el fiscal general del Estado se aparte del ejercicio de sus funciones”, sostuvo.
La solicitud contempla además que el alejamiento permita preservar la independencia de las investigaciones y garantizar el debido proceso.
En paralelo, Ávila y Castro anunciaron que pedirán a la Cancillería gestionar ante Estados Unidos la entrega de información oficial, documentación y antecedentes relacionados con las acusaciones contra Mariaca.
Castro explicó que esos elementos deberán ser remitidos posteriormente a las instituciones bolivianas que correspondan para determinar las acciones legales y parlamentarias que puedan derivarse del caso.
“Una vez que la Cancillería tenga la información oficial solicitada, corresponde que sea puesta en conocimiento de las instancias competentes y que se determinen con transparencia las actuaciones legales y parlamentarias que procedan”, señaló.
Los presidentes de ambas cámaras también solicitaron al vicepresidente Edmand Lara, en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, convocar con carácter de urgencia a una sesión para abordar el caso.
La intención es que el Legislativo defina los mecanismos institucionales de investigación y seguimiento que correspondan, una vez que se cuente con mayores elementos sobre las acusaciones.
Castro aclaró que el pedido no supone anticipar responsabilidad sobre Mariaca.
“No estamos anunciando culpabilidades ni sustituyendo a fiscales o jueces. Estamos pidiendo que los hechos sean examinados a fondo, que se preserven los elementos de prueba disponibles y que toda decisión tenga un sustento legal”, afirmó.
Ambos legisladores plantearon así que el caso sea tratado por las instituciones bolivianas mientras se gestiona información oficial de Estados Unidos para establecer el alcance y sustento de los señalamientos.