El diputado de Alianza Libre, Edgar Segarra, consideró que el retiro de la subvención al diésel era una medida que debía abordarse, pero cuestionó la forma en que fue aplicada por el Gobierno y advirtió sobre sus efectos en el transporte, los precios de los productos y la economía de las familias.
Segarra sostuvo que una decisión económica de este alcance debía estar acompañada por un plan social destinado a reducir el impacto sobre la población. “Nosotros creemos que estas medidas tienen que estar acompañadas de un plan social”, afirmó en el programa De Primera Mano.
Según el legislador, ese plan debería contemplar la reactivación de los departamentos, créditos con bajas tasas de interés y generación de empleo para sectores productivos y trabajadores independientes.
“Necesitamos que se active el aparato productivo, necesitamos que el ciudadano tenga acceso a estos financiamientos de la banca, que sean de bajo interés”, señaló.
Respecto al impacto específico del nuevo precio del diésel, Segarra planteó que el retiro de la subvención debió aplicarse de manera gradual para evitar un impacto inmediato sobre los ingresos de la población. “Esta situación debería ser gradual para no ser un shock como ha sido hasta ahora y con medidas que vengan acompañadas sociales”, sostuvo.
También propuso que los sectores productivos puedan importar directamente diésel y gasolina, con mecanismos que les permitan abastecerse para sus propias actividades. Señaló que esta alternativa podría ser analizada particularmente con el sector del transporte.
En ese marco, consideró necesario abrir un diálogo con los transportistas para analizar los nuevos costos y evitar que el incremento de las tarifas recaiga directamente sobre los usuarios. “Tiene que haber una conversación, una charla, una reunión entre los transportistas para que en realidad no pague todos los platos rotos el ciudadano”, afirmó.
El diputado advirtió que un incremento de los pasajes tendría un efecto sobre otros precios, debido a que los mayores costos de transporte pueden trasladarse a los productos de la canasta familiar.
Como ejemplo, mencionó una tarifa comunicada por transportistas en Potosí, con un pasaje de seis bolivianos para mayores, cinco bolivianos para personas de la tercera edad, cuatro bolivianos para universitarios y dos bolivianos para colegiales. A partir de ese incremento, explicó que comerciantes y productores podrían trasladar los mayores costos a productos como verduras, papa y carne.
“Lo mismo de la zanahoria, de la cebolla, de la papa, es decir, se empieza a subir la canasta familiar”, afirmó.
Ante esta situación, Segarra planteó que el Gobierno realice reuniones en cada departamento con autoridades políticas, cívicas y sociales para identificar las particularidades de cada región y establecer medidas específicas.
“El presidente tiene que hacer reuniones departamentales con autoridades cívicas, políticas y sociales en cada uno de los departamentos”, sostuvo.
El legislador señaló que estas reuniones permitirían al Gobierno tener una visión directa de las condiciones económicas de cada región y definir medidas vinculadas a los recursos y programas de reactivación.
Segarra también cuestionó que no se hubiera previsto con anticipación el efecto de la eliminación de la subvención sobre las tarifas del transporte. “Son medidas que se lanzan pero no se han lanzado sin antes prever las consecuencias que se puede venir”, afirmó.
Finalmente, insistió en que el Gobierno debe priorizar el diálogo y la coordinación con los distintos sectores para evitar que el ajuste recaiga principalmente sobre la población.
“Necesitamos que se genere fuentes de empleo a través de las empresas estatales, a través de las gobernaciones, las alcaldías, que haya un movimiento económico”, señaló, al plantear que los recursos disponibles sean orientados a la reactivación productiva, obras, caminos y turismo.