El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que el Ministerio presentó una querella penal para investigar un presunto daño económico de más de Bs 1.478 millones en el sistema de radares SIDACTA, luego de una revisión que identificó observaciones en 11 de los 13 equipos contratados.
Durante la presentación del balance de su primer año de gestión, la autoridad detalló que, de acuerdo con la evaluación expuesta públicamente, solamente dos radares estaban operativos sin observaciones, nueve presentaban observaciones y dos no funcionaban. Aclaró que corresponde a la justicia determinar las responsabilidades individuales.
Otro de los temas abordados fue la crisis de los 53 días de bloqueos que, según el informe, afectó el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno, además del traslado de pacientes y las actividades de productores y transportistas.
Justiniano recordó que el 20 de junio, mediante el Decreto Supremo 5636, se declaró el estado de excepción. En ese contexto, señaló que las Fuerzas Armadas apoyaron a la Policía, resguardaron infraestructura crítica y contribuyeron a recuperar la transitabilidad.
Según el balance oficial, durante las operaciones interinstitucionales se registraron 151 acciones de desbloqueo. Sobre el papel de los militares, el ministro sostuvo: «Las Fuerzas Armadas no están para enfrentarse al pueblo ni para decidir la política. Su deber es defender la Constitución, respetar la institucionalidad y contribuir a proteger a la población cuando así lo establece la ley».
En materia de seguridad, informó que el Consejo de Seguridad del Estado Plurinacional (COSTEP) fue puesto nuevamente en funcionamiento y que, en su quinta sesión, aprobó cuatro propuestas: una ley de seguridad y defensa, una norma para el funcionamiento del Consejo, un marco para el sistema de inteligencia del Estado y una herramienta legal para la participación excepcional de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado transnacional y las amenazas narcoterroristas.
El ministro explicó que esta última propuesta plantea una intervención militar «de forma excepcional, temporal, complementaria y controlada, siempre bajo autoridad civil, dentro de la Constitución, en coordinación con la Policía y con pleno respeto a los derechos humanos». Las iniciativas se encuentran en trámite y no representan normas ya aprobadas.
También mencionó operaciones del Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando y de la Armada Boliviana en zonas fronterizas, cuencas fluviales y espacios lacustres, dirigidas a enfrentar actividades vinculadas al contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico. Añadió que se trabaja en un plan de lucha contra el contrabando y en operaciones espejo con Brasil y Chile, con la expectativa de ampliar la coordinación a otros países vecinos.
En el ámbito internacional, Justiniano señaló que Bolivia planteó en Washington prioridades relacionadas con el control fronterizo, vigilancia, intercambio de información, tecnología, equipamiento y formación de personal. Asimismo, informó sobre la participación del país en los trabajos de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), en Santo Domingo. Indicó que se evalúan las condiciones para una eventual participación, con respeto a la Constitución y la soberanía nacional.
Respecto a la institucionalidad militar, anunció la revisión de los procesos de ascenso y evaluación, con el objetivo de que el mérito, la formación, la antigüedad y el cumplimiento de las normas sean la base de la carrera militar. También mencionó que se revisan las necesidades de mantenimiento, comunicaciones, movilidad, vigilancia, logística y entrenamiento.
El informe incluyó la revisión y reorganización de las empresas del sector defensa, que, según el ministro, debe realizarse con balances, criterios técnicos y continuidad operativa. Además, destacó las tareas de los efectivos militares en rescates, atención de incendios y asistencia a comunidades afectadas por emergencias, y anunció avances en la reglamentación de la Ley 602 para fortalecer la gestión de riesgos y la prevención de desastres.
En cuanto a la integración regional, informó sobre el trabajo conjunto con Cancillería y otras carteras de Estado en la agenda de Urupabol y Puerto Bush, vinculada a la hidrovía Paraguay-Paraná y a una mayor conexión de Bolivia con el océano Atlántico. En este proceso, la Armada Boliviana tiene responsabilidades relacionadas con la seguridad de navegación, la cooperación fluvial y el desarrollo de capacidades logísticas.
Al referirse a las prioridades para la siguiente etapa, Justiniano mencionó el fortalecimiento de la carrera militar, el control fronterizo, la recuperación de capacidades de vigilancia aérea, la transformación de las empresas de defensa y la prevención de desastres.
«No pretendemos medir una gestión por sus anuncios, sino por lo que quede funcionando», afirmó la autoridad al cerrar su informe.