El politólogo sostuvo que existía un consenso sobre la necesidad de revisar la subvención, pero advirtió que la medida debía estar respaldada por un plan social, una estrategia de comunicación y acciones para reducir su impacto en los sectores vulnerables.
El politólogo Marcelo Arequipa señaló que el retiro de la subvención al diésel era una medida que ya se consideraba necesaria, pero cuestionó que su aplicación no estuviera acompañada de un conjunto de acciones destinadas a reducir el impacto económico sobre la población.
“Había, digamos, como una suerte de consenso en el país respecto de que la subvención ya era casi, digamos, insostenible y que tenían que tomarse medidas al respecto”, afirmó durante el programa De Primera Mano.
Sin embargo, sostuvo que el debate no debería limitarse al retiro de la subvención, sino también abordar el precio del combustible, las medidas para proteger a las familias de menores ingresos y la estrategia comunicacional del Gobierno. “No solamente levantar la subvención, sino también tener, digamos, como una suerte de todo un plan, toda una estrategia que acompañe el tema de levantar el precio de los combustibles”, señaló.
Arequipa consideró que la falta de medidas complementarias puede generar incertidumbre entre la población, especialmente ante los cambios en las tarifas del transporte y el incremento de otros precios. En ese contexto, cuestionó la capacidad del Gobierno para comunicar la medida y generar confianza.
“El gobierno no está dando señales claras de que también se está sacrificando frente a la población”, sostuvo, al referirse a la necesidad de que la administración muestre acciones de ajuste y ahorro.
El politólogo también observó la ausencia del presidente Rodrigo Paz del país mientras se aplicaba la medida y señaló que, en su criterio, el mandatario debería haber encabezado directamente las reuniones y explicaciones ante los sectores afectados. “El presidente debería estar en el país trabajando las 24 horas atendiendo a todos los requerimientos junto con su gabinete”, afirmó.
Respecto al estado de excepción, Arequipa consideró que esta medida tiene principalmente un carácter declarativo y advirtió que, si no se adoptan acciones para reducir el impacto económico sobre los sectores vulnerables, las protestas podrían continuar. “No va a haber estado de excepción que detenga esas protestas”, sostuvo.
También cuestionó los cambios registrados en las decisiones gubernamentales relacionadas con el precio del diésel, al considerar que reflejan una falta de continuidad. “Lo que uno encuentra más bien ahí es una serie de acciones erráticas e improvisadas”, afirmó.
Ante la posibilidad de que el Gobierno avance posteriormente con el retiro de la subvención a la gasolina, Arequipa planteó que debe existir una evaluación diferenciada del impacto sobre los distintos sectores sociales. Señaló que el costo de las medidas debe ser asumido de acuerdo con la capacidad económica de cada grupo y que se debe priorizar la protección de quienes tienen menores ingresos.
“No puede ser que esto básicamente sea como que te trae un buen economista la fórmula y te dice esta es la fórmula para resolver macroeconómicamente la situación en este país y la aplicas”, sostuvo. A su juicio, las decisiones económicas también deben incorporar una lectura política y social.
Finalmente, Arequipa insistió en que el Gobierno debe ordenar su política y cumplir los anuncios realizados previamente para reducir la incertidumbre. “Si el gobierno dice algo, tiene que cumplirlo”, afirmó, al cuestionar los cambios registrados en los plazos y decisiones sobre el precio de los combustibles.
Según el politólogo, una eventual nueva modificación en el precio de la gasolina debería estar precedida por información clara, medidas de acompañamiento y una estrategia que permita a la población conocer con anticipación sus efectos.