El Ejecutivo nacional, a través del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, descartó oficialmente dejar sin efecto el Decreto Supremo 5676, norma que establece una nueva tarifa de diésel para los grandes consumidores.
La posición del Gobierno se mantiene pese a los pedidos de distintos sectores productivos y agropecuarios de Santa Cruz, que demandan revisar la medida y dar marcha atrás al ajuste.
Desde el Ejecutivo defienden la vigencia del decreto bajo el argumento de que el nuevo precio del carburante permitirá garantizar el abastecimiento en el mercado interno y reducir el contrabando de combustible hacia otros países.
Las autoridades también sostienen que la anulación de la norma podría afectar el suministro regular de diésel para la población y los pequeños productores, quienes mantienen el beneficio de la subvención estatal.
Mientras tanto, organizaciones del Norte Integrado y de diferentes municipios de Santa Cruz piden la instalación de mesas de diálogo para analizar los alcances del decreto.
Los representantes del sector agropecuario advierten que el incremento del costo del diésel eleva sus gastos de producción y podría afectar las actividades agrícolas, la producción de alimentos y la economía regional.