Una acción de cumplimiento presentada ante la Sala Constitucional Primera de La Paz busca que la Asamblea Legislativa Plurinacional active un juicio de responsabilidades contra el presidente Rodrigo Paz por una presunta “traición a la patria”, a raíz de los cuestionamientos relacionados con la presencia y supuesta influencia del argentino Fernando Cerimedo en el entorno del Ejecutivo.
El abogado Wilmer Vásquez, uno de los accionantes, sostuvo que el ingreso de Cerimedo al Palacio de Gobierno y la presunta influencia que habría ejercido sobre decisiones estatales constituirían, según su argumentación, una injerencia extranjera que afectaría la soberanía nacional.
“El presidente del Estado ha cometido traición a la patria”, afirmó Vásquez.
Según los accionantes, Cerimedo habría sido identificado como “asesor principal del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia” en tarjetas personales encontradas durante allanamientos. También sostienen que habría contado con un correo electrónico oficial con dominio de Presidencia y acceso al despacho presidencial.
A partir de estos elementos, los abogados plantean que la presencia de Cerimedo en el Ejecutivo podría configurar una injerencia extranjera y, por ello, solicitan que se active un juicio de responsabilidades contra Paz.
Sin embargo, estos argumentos corresponden a la parte accionante y no representan una determinación judicial sobre la existencia del delito ni sobre la responsabilidad del presidente.
Vásquez explicó que inicialmente los accionantes solicitaron a la Cámara de Senadores el inicio de un juicio de responsabilidades, pero ante la falta de respuesta acudieron a la vía constitucional.
Los accionantes alegan una presunta “omisión inconstitucional” por parte de la Asamblea Legislativa, debido a que su solicitud presentada el 24 de agosto no habría recibido respuesta ni habría derivado en el inicio del procedimiento solicitado.
Entre sus peticiones, solicitan que la Sala Constitucional admita la acción con carácter urgente y ordene al Legislativo convocar a una sesión plenaria extraordinaria para tratar la acusación constitucional y definir si corresponde iniciar el enjuiciamiento.
El memorial también plantea el procesamiento del presidente y de otras personas que los accionantes consideran vinculadas con los hechos denunciados, entre ellas Fernando Cerimedo.
Asimismo, solicitan medidas cautelares sobre bienes y funciones de integrantes de la familia Paz, a partir de acusaciones de presunta corrupción, cohecho y tráfico de influencias.
Por ahora, corresponde a la Sala Constitucional analizar la acción presentada y determinar si procede o no darle curso a las solicitudes planteadas.