La vocera de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, Zulema Espejo Candia, advirtió que Bolivia ya atraviesa una crisis energética que puede profundizarse en el corto plazo debido a la caída de la producción nacional de hidrocarburos y la creciente dependencia de las importaciones. “Ya hemos ingresado” a la crisis, sostuvo durante una entrevista en “De Primera Mano”.
Espejo explicó que la situación no se limita al abastecimiento de diésel, sino que también puede alcanzar a la gasolina, el GLP y el gas natural, con efectos sobre el transporte, la industria y la generación de electricidad.
Según la información expuesta por la vocera, actualmente la producción nacional cubriría alrededor del 50% de la demanda interna de gasolina, mientras que el diésel ya tendría una dependencia de importaciones cercana al 90%. Además, señaló que YPFB confirmó la posibilidad de que Bolivia tenga que comenzar a importar GLP debido a una menor capacidad de producción nacional.
“La crisis energética que puede afectar la vida cotidiana de todas las personas en el muy corto plazo”, afirmó Espejo al advertir que una eventual disminución de la producción de gas natural tendría efectos en cadena.
La vocera señaló que el gas es además un insumo fundamental para la generación eléctrica y sostuvo que cerca del 70% de la generación depende de este energético. Por ello, advirtió que una menor disponibilidad de gas podría derivar en restricciones del suministro eléctrico.
“Apagones, restricciones”, respondió Espejo al ser consultada sobre uno de los posibles efectos de la crisis y explicó que, en escenarios de menor disponibilidad energética, podrían aplicarse medidas similares a las adoptadas en otros países.
La situación también tendría impacto sobre la industria. Espejo indicó que alrededor de 6.000 trabajadores vinculados a empresas de servicios para el sector hidrocarburífero habrían sido desvinculados debido a la reducción de la actividad, incluidos profesionales altamente calificados que tuvieron que emigrar a otras regiones.
A ello se suma, según la vocera, el impacto sobre industrias que utilizan el gas producido en Bolivia como fuente de energía o materia prima. Mencionó entre ellas a empresas de ladrillos y otros emprendimientos que estructuraron sus costos considerando el acceso a gas nacional.
“Todo eso está en riesgo”, sostuvo al señalar que una eventual sustitución por gas importado implicaría incorporar costos logísticos, cambiarios y tributarios que modificarían la estructura económica de esas actividades.
Espejo también alertó sobre el efecto que tendría una eventual caída de la producción de gas en la industria de fertilizantes. Explicó que Bolivia produce urea para abastecer el mercado nacional y advirtió que una menor disponibilidad de gas afectaría esa producción y podría generar mayores costos para la agricultura.
Respecto a las reservas, recordó que la última certificación disponible corresponde a 2023 y estimaba alrededor de tres TCF de reservas, mientras que el ritmo de consumo sería de aproximadamente medio TCF por año. Aclaró que la falta de una certificación actualizada impide establecer con precisión cuánto tiempo queda antes de que la producción nacional resulte insuficiente.
La vocera sostuvo que desde 2023 el sector privado había advertido sobre la necesidad de modificar las condiciones normativas y económicas para incentivar nuevas inversiones. Según su explicación, esas reformas no se concretaron y, además, se habrían producido incumplimientos de contratos con operadores privados.
“Se necesitaban tomar medidas de reforma normativa inmediatas, de forma urgente, y no se hizo”, afirmó.
Espejo señaló que nuevos descubrimientos de hidrocarburos no permitirían resolver de manera inmediata la situación, debido a los tiempos de exploración y desarrollo. Estimó que un nuevo descubrimiento podría requerir entre cuatro y cinco años y que un nuevo inversionista podría necesitar alrededor de cinco años adicionales para desarrollar un proyecto.
“Por eso es que nosotros hablamos de una crisis de hoy, no de una crisis de futuro”, remarcó.
Ante ese escenario, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía plantea que el Gobierno también considere a las empresas que ya operan en el país, debido a que conocen las áreas, cuentan con equipos y tienen personal establecido.
“Las empresas que ya están establecidas conocen la estructura geológica, ya tienen el equipo, tienen el personal en Bolivia, entonces pueden tomar acciones todavía más rápidas para revertir la situación de crisis”, explicó.
La vocera planteó que el Gobierno escuche los proyectos que las empresas privadas ya tienen preparados y que podrían generar resultados en plazos más cortos. Sin embargo, sostuvo que para ello se requiere seguridad jurídica y cumplimiento de los contratos.
“Se necesitan tomar acciones concretas hoy”, insistió.
Espejo también cuestionó la demora en el tratamiento de una nueva Ley de Hidrocarburos y señaló que hasta el momento no habría sido remitida a la Asamblea Legislativa para su tratamiento. Consideró que una nueva normativa y condiciones de seguridad jurídica son fundamentales para atraer inversiones y revertir la caída de las reservas y la producción.
La advertencia alcanza también al costo que tendría para los hogares una eventual importación de gas natural. Espejo explicó que al precio del energético deben sumarse los costos de transporte, logística, diferencias cambiarias y otros componentes que actualmente no forman parte de la estructura de costos del gas producido en Bolivia.
“Una vez que empiezas a importar ya no hay vuelta atrás”, afirmó al referirse al riesgo de que el país tenga que cubrir su consumo interno con gas importado.
Finalmente, Espejo sostuvo que la respuesta no puede limitarse a medidas coyunturales y pidió una planificación integral de la transición energética, considerando las distintas fuentes disponibles y las características de cada región.
“Se tienen que tomar medidas estructurales”, afirmó, al señalar que la seguridad energética es fundamental para la industria, el transporte, la economía y la vida cotidiana.