La abogada constitucionalista Katia Saucedo afirmó que comprende el malestar del Órgano Judicial por la falta de respuestas del Estado a sus demandas; sin embargo, consideró que un eventual paro no solucionará la crisis del sistema y planteó que las prioridades deben ser garantizar un mayor presupuesto, resolver la situación del Tribunal Constitucional y avanzar en una reforma judicial dentro del marco de la Constitución.
En entrevista con De Primera Mano, Saucedo señaló que la paralización del sistema judicial afectaría principalmente a los ciudadanos que esperan una resolución de sus procesos. «El anuncio de paralización del sistema judicial no es la medida más adecuada», afirmó, al explicar que una medida de este tipo solo incrementaría la demora judicial y los problemas de acceso a la tutela judicial efectiva.
Respecto a las demandas del Órgano Judicial, indicó que uno de los problemas más urgentes es el presupuesto. Recordó que desde hace varios años el sistema judicial recibe entre el 0,33% y el 0,4% del Presupuesto General del Estado, porcentaje que además es compartido con la Fiscalía General del Estado, la Defensa Pública, el Servicio Nacional de Víctimas y otras instituciones. En ese contexto, reiteró la propuesta impulsada por los juristas independientes de incorporar en la Constitución un presupuesto mínimo del 3% para el Órgano Judicial, con el fin de evitar que cada gestión deba negociar recursos con el Órgano Ejecutivo.
La constitucionalista sostuvo que esa negociación permanente termina afectando la independencia judicial. «Cuando usted va y negocia, usted cede. La pregunta es: ¿qué tiene para ceder el órgano judicial? Lo único que tiene son sentencias», manifestó.
Saucedo también identificó como un tema urgente la situación del Tribunal Constitucional Plurinacional, que actualmente funciona con cuatro magistrados. Explicó que esa situación impide realizar Sala Plena y dictar sentencias de constitucionalidad, por lo que pidió a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de ley que permitiría al TCP funcionar con esa cantidad de magistrados mientras se completan las elecciones judiciales.
Sobre la reforma judicial, sostuvo que cualquier cambio debe realizarse respetando la Constitución y mediante los mecanismos establecidos. En ese sentido, afirmó que si se busca modificar el sistema de elección de autoridades judiciales, debe hacerse a través de una reforma constitucional y no mediante decisiones fuera del marco legal. “Tenemos que aprender a cumplir la Constitución”, enfatizó.
Finalmente, al referirse a la situación de jueces provisorios, la jurista señaló la necesidad de fortalecer la carrera judicial y terminar con la designación de jueces “a dedo”, como el caso de Iván Lima, según la referencia incluida en la entrevista. Asimismo, insistió en que la probidad debe ser un criterio central en la selección de autoridades judiciales, afirmando que quienes administran justicia deben ser personas con conducta intachable y trayectoria profesional sólida.