La Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) expresó este martes su rechazo al Auto Supremo N° 1190/2026 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al considerar que la resolución vulnera el debido proceso, desconoce un fallo constitucional previo y genera un precedente negativo para la seguridad jurídica y la inversión privada en Bolivia.
A través de un pronunciamiento institucional, la empresa manifestó su «formal y profunda disconformidad» con la decisión judicial, al sostener que el nuevo auto fue dictado sin cumplir la tutela concedida por una Sala Constitucional de La Paz, que había ordenado emitir una nueva resolución para reparar las vulneraciones identificadas en el proceso.
Según SOBOCE, el Tribunal Supremo realizó únicamente modificaciones de forma y no dio cumplimiento efectivo a lo dispuesto por la justicia constitucional. Además, afirmó que el nuevo fallo «reitera las vulneraciones» denunciadas y constituye una nueva afectación al derecho al debido proceso.
La compañía anunció que activará todos los recursos legales disponibles para impugnar la resolución y aseguró que agotará las instancias jurisdiccionales y constitucionales en defensa de sus derechos.
Asimismo, advirtió que la decisión judicial genera un «grave e injusto daño» no solo para la empresa, sino también para el clima de seguridad jurídica y económica del país, al considerar que vulnera los principios de certidumbre y proporcionalidad que deben regir en el ámbito empresarial.
En su pronunciamiento, SOBOCE también recordó que el Estado boliviano mantiene pendiente, desde hace más de 16 años, el pago de la indemnización por la expropiación de sus acciones en la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), establecida mediante el Decreto Supremo N° 0616 de 2010.
La empresa sostuvo que el litigio promovido por FANCESA ha sido utilizado como un mecanismo para dilatar el pago de esa compensación y afirmó que la deuda supera actualmente los 290 millones de dólares.
Finalmente, SOBOCE reiteró que continuará ejerciendo su derecho a la defensa por todas las vías legales disponibles y reafirmó su compromiso de seguir desarrollando sus actividades productivas en el país, mientras busca que se restituya el debido proceso y prevalezca el Estado de Derecho.