Cristian Sánchez sostuvo que, si se confirma que se consignó un dato falso sobre el valor de un vehículo en un documento público, correspondería investigar la posible comisión de delitos y aplicar la misma vara que al resto de los ciudadanos.
El abogado penalista y especialista en Ciencias Forenses, Cristian Sánchez, afirmó que el caso que involucra al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, por las observaciones relacionadas con el valor declarado de un vehículo debe ser investigado por la justicia y consideró que podría existir responsabilidad penal.
Durante una entrevista en “DE PRIMERA MANO”, Sánchez fue consultado sobre la polémica que surgió en torno al vehículo del ministro, las observaciones sobre la información consignada en documentos y la presunta evasión impositiva.
Desde una perspectiva jurídica, el abogado sostuvo que, si se demuestra que se introdujo información que no corresponde a la realidad en un documento público, podría configurarse el delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
“Hay responsabilidad penal”, afirmó Sánchez, quien comparó el caso con el antecedente del exvicepresidente Álvaro García Linera, al que hizo referencia por la incorporación de datos que, según su explicación, no correspondían a la realidad en documentos públicos.
El jurista explicó que, en el caso de Espinoza, se trataría de un testimonio notarial, mientras que en el antecedente mencionado se involucró otro documento público. A su criterio, ambos casos deben ser analizados bajo la misma normativa penal.
“Ambos, insisto, documentos públicos, importa inequívocamente la comisión del delito de falsedad ideológica y de uso de instrumento falsificado”, sostuvo.
Sánchez también cuestionó que la responsabilidad por la información consignada pueda ser trasladada al notario que elaboró el documento.
“No se puede decir que un dato tan importante, el precio de un vehículo automotor, no sea el que corresponda a la realidad en una declaración pública y se pretenda atribuir o endilgar esa responsabilidad al notario”, afirmó.
El abogado explicó que el notario recoge la información proporcionada por la persona que realiza la declaración y que, por ello, correspondería establecer quién proporcionó los datos y si existió intención de consignar información falsa.
Asimismo, señaló que, dependiendo de los resultados de una investigación, también podría analizarse la existencia de otros delitos relacionados con el patrimonio y la afectación al Estado.
Sánchez remarcó que cualquier ciudadano que sea investigado por hechos similares debe someterse al procedimiento correspondiente y consideró que el ministro de Economía no debería recibir un tratamiento diferente por ocupar un cargo público.
“Ojalá esa vara que para cualquier ciudadano ocupa el sistema de justicia criminal sea ocupada para el ministro Espinosa”, manifestó.
El especialista insistió en que su análisis no responde a una posición política, sino a una valoración desde el ámbito jurídico y ciudadano.
“No somos ingenuos. Hablo como jurista, pero también hablo como ciudadano”, afirmó.
Finalmente, Sánchez sostuvo que, si existen elementos que hagan presumir la comisión de un delito, corresponde que el Ministerio Público realice las investigaciones y determine las responsabilidades que correspondan.
“Aquí, en mi criterio, hay un delito, debe investigarse y finalmente debe ser tratado el ministro Espinosa como cualquier ciudadano boliviano”, concluyó.