Diversas organizaciones representativas del periodismo y de la sociedad civil expresaron su rechazo al Proyecto de Ley N° 066/2025-2026 C.S. de Acceso a la Información y Documentación Pública, al considerar que vulnera el derecho de acceso a la información y representa un retroceso para la libertad de prensa en Bolivia. La norma comenzó a ser tratada en la Cámara de Senadores el pasado 2 de julio y, según los gremios, fue impulsada sin un proceso de socialización con la ciudadanía ni con las organizaciones periodísticas.
Entre las instituciones firmantes se encuentran la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) y la Asociación de la Prensa Independiente de Santa Cruz (A.P.I.SCZ), entre otras. En un pronunciamiento conjunto señalaron que el proyecto aprobado por el Senado deja de lado una propuesta consensuada con la sociedad civil en octubre de 2024, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados, e incorpora disposiciones que consideran restrictivas para el ejercicio periodístico.
Los gremios cuestionan que el proyecto obligue a presentar solicitudes de información únicamente por escrito, con identificación del solicitante y copia de la cédula de identidad, además de establecer plazos de hasta tres semanas para la entrega de información pública y dejar el control de los reclamos en manos de las Unidades de Transparencia de cada institución. A su juicio, estas medidas burocratizan el acceso a la información y pueden afectar investigaciones periodísticas, especialmente aquellas relacionadas con hechos de corrupción y asuntos de interés público.
En un manifiesto público, la Asociación de la Prensa Independiente de Santa Cruz sostuvo que el proyecto «representa un grave retroceso para la libertad de prensa, el acceso a la información pública y la transparencia en Bolivia». Asimismo, recordó que la Constitución Política del Estado, en sus artículos 21 y 106, garantiza el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información, y exhortó a la Cámara de Diputados a no dar continuidad a la iniciativa y abrir un proceso de diálogo que permita construir una norma acorde con la Constitución, la Ley de Imprenta y los estándares internacionales sobre libertad de expresión. «Sin libertad de prensa no hay transparencia. Sin transparencia no hay democracia», concluye el pronunciamiento.