El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Alberto Goitia, alertó sobre la existencia de un supuesto “sicariato político” contra autoridades electorales y sostuvo que la reforma del sistema electoral debe abordar problemas estructurales que afectan la independencia, estabilidad y credibilidad de la democracia boliviana.
Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, Goitia señaló que existen actores que utilizan mecanismos políticos y judiciales para presionar a las autoridades electorales. En ese contexto, cuestionó que una denuncia pueda derivar en procesos capaces de poner en riesgo la continuidad de un vocal del TSE.
El vocal planteó que los miembros del Órgano Electoral deberían contar con mayores garantías para ejercer sus funciones y propuso revisar el mecanismo de responsabilidades al que están sometidos.
A su criterio, también es necesario establecer límites claros entre las competencias de la justicia constitucional y las atribuciones propias del Tribunal Supremo Electoral, para evitar que decisiones judiciales interfieran en las funciones electorales.
“Limitar claramente hasta dónde llega la justicia constitucional, hasta dónde llegan los jueces y dónde es que tiene un ámbito de actuación propia el Tribunal Supremo Electoral”, sostuvo.
Goitia explicó que la reforma electoral que impulsa el TSE no debería limitarse a modificar una norma. Consideró que Bolivia atraviesa un momento en el que también deben discutirse cambios constitucionales sobre aspectos estructurales del sistema democrático.
“Esta reforma electoral debe ser aquella que no se reduzca a un proyecto de ley. El desafío es mayor y está ligado con volver a reencantar a los bolivianos y bolivianas con la democracia”, afirmó.
Entre los aspectos que considera prioritarios mencionó la independencia del Órgano Electoral, la capacidad técnica de sus funcionarios, la estabilidad institucional y la independencia económica del TSE.
También cuestionó la situación de los partidos políticos y sostuvo que estas organizaciones deberían pertenecer a la ciudadanía y no quedar bajo el control de pequeños grupos o familias que, según afirmó, pueden utilizar las siglas como instrumentos para negociar candidaturas.
Goitia además recordó las experiencias de anteriores procesos electorales y cuestionó el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. En ese marco, sostuvo que las elecciones y sus reglas deben ofrecer garantías suficientes para que los resultados sean aceptados por la población.
El vocal también se refirió a los antecedentes que, según su valoración, evidenciaron debilidades del sistema electoral boliviano. Mencionó el referendo del 21 de febrero de 2016, los cuestionamientos al proceso electoral de 2019 y las dificultades institucionales que, a su juicio, se arrastraron durante años.
Estas afirmaciones corresponden a la valoración de Goitia sobre esos procesos y fueron planteadas como parte de su argumento para impulsar una reforma estructural del sistema electoral.
En otro punto, sostuvo que la falta de estabilidad y credibilidad de los procesos democráticos también tiene consecuencias económicas, porque puede generar incertidumbre entre inversionistas nacionales y extranjeros.
El vocal advirtió además que una parte de la población, especialmente los jóvenes, ha perdido confianza en la democracia.
“Nuestra juventud ha dejado de creer en buen porcentaje que la democracia es buena”, afirmó.
Para Goitia, recuperar esa confianza requiere no solo modificar normas electorales, sino fortalecer las instituciones y garantizar que quienes administran los procesos electorales puedan ejercer sus funciones con independencia.
“Sin democracia hay violencia. Si hay violencia, impera la ley del más fuerte”, sostuvo.
El planteamiento forma parte del proceso de reforma electoral que desarrolla el TSE, que prevé recoger propuestas de distintos sectores en los nueve departamentos para elaborar una propuesta de modificación de la normativa electoral.