El Gobierno prevé iniciar en los próximos meses el cierre de entre ocho y 10 empresas públicas que actualmente se encuentran en proceso de evaluación, como parte de una política orientada a reducir el gasto estatal y mejorar el uso de los recursos públicos.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, informó que las decisiones serán adoptadas de acuerdo con la situación particular de cada entidad, debido a que algunas tienen activos, pasivos y obligaciones financieras pendientes.
“En el muy corto plazo, te hablo por lo menos en lo que va de estos meses, hay un grupo de unas ocho, 10 empresas que vamos a empezar a cerrarlas”, afirmó Morales.
La autoridad sostuvo que entre las empresas evaluadas existen algunas que, según su valoración, fueron creadas en anteriores gestiones con fines políticos o con el propósito de generar empleos vinculados a bases políticas.
“Tenemos que ser mucho más eficientes con nuestros propios recursos”, señaló.
Morales explicó que el proceso de cierre no será igual para todas las empresas, debido a las diferentes condiciones financieras y administrativas que presentan. Algunas podrían ser cerradas con mayor rapidez, mientras que otras podrían ser “salvadas” después de concluir la evaluación.
Entre las dificultades que debe resolver el Gobierno están los activos y pasivos de las entidades, además de obligaciones derivadas de préstamos otorgados por el Banco Central de Bolivia. En algunos casos, estos créditos tienen al Tesoro General de la Nación como garante.
“Tenemos que ver la mejor forma de solucionar estos aspectos, porque al final de cuentas son recursos públicos, son recursos de todos los bolivianos”, afirmó Morales.
El ministro también informó que el Gobierno redujo aproximadamente en 30 por ciento la carga burocrática correspondiente a las entidades del nivel central del Estado, incluyendo el Órgano Ejecutivo y sus entidades descentralizadas y desconcentradas.
Según Morales, este ajuste permitió un ahorro aproximado de Bs 2.000 millones, recursos que fueron destinados principalmente a ítems para los sectores de salud y educación.
Otro de los temas abordados por la autoridad fue la subvención a los combustibles, cuyo costo representa una presión importante para las finanzas públicas.
Morales indicó que actualmente el Estado ejecuta alrededor de 200 millones de dólares mensuales para cubrir esta subvención y señaló que el Gobierno debe evaluar si mantiene esos recursos bajo el actual esquema o si puede destinarlos a otras áreas de inversión.
La autoridad recordó que en diciembre se realizó un retiro parcial de la subvención y sostuvo que esa medida permitió estabilizar las cuentas estatales en un escenario en el que los precios internacionales de los combustibles eran diferentes.
Sin embargo, afirmó que posteriormente factores externos provocaron un incremento de los precios internacionales y volvieron a generar presión sobre las finanzas públicas.
Ante este escenario, Morales planteó la necesidad de evaluar la sostenibilidad del actual esquema y analizar si los recursos destinados a la subvención podrían ser orientados a proyectos de inversión e infraestructura en sectores como salud, educación y carreteras.
El anuncio sobre las empresas públicas se suma así a otras medidas de revisión del gasto estatal que el Gobierno viene impulsando, mientras se evalúa la situación financiera de distintas entidades y el destino de los recursos públicos. Vía// Erbol