El ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Justiniano, instruyó al personal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, incluidos los 143 guardaparques que tienen relación laboral con el Estado, poner sus cargos a disposición mientras se define la nueva estructura de la institución. La medida fue emitida el 28 de agosto y provocó que la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación se declare en emergencia.
Según el documento, una vez definida la nueva estructura organizacional se realizarían las designaciones o ratificaciones que correspondan. La medida se enmarca en el proceso de transición relacionado con el Decreto Supremo 5675, de acuerdo con el acta de una reunión entre la dirección del Sernap y representantes de Abolac.
El presidente de Abolac, Marcos Uzquiano, calificó la decisión de preocupante y afirmó que inicialmente se habría planteado la desvinculación de los guardaparques con la posibilidad de una posterior recontratación. Según su versión, esa propuesta fue rechazada y posteriormente se pidió a los trabajadores poner sus cargos a disposición.
“Nos pidió, como directores de áreas del Servicio, que emitamos una carta también pidiendo la renuncia de todos los guardaparques. Nosotros hemos rechazado hacer esa nota y ahora estamos en alerta máxima debido a esta situación”, afirmó Uzquiano.
Abolac presentó además una denuncia ante el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en la que sostiene que la exigencia constituye una forma encubierta de desvinculación masiva y que podría afectar la continuidad de las labores de protección de las áreas protegidas. La organización solicitó una investigación defensorial y pidió que se gestione la suspensión del instructivo.
En Bolivia existen alrededor de 300 guardaparques y 143 cuentan con contratos bajo relación de dependencia estatal y beneficios laborales. Estos funcionarios cumplen tareas de vigilancia en 23 áreas protegidas nacionales, que abarcan cerca del 15,5 por ciento del territorio nacional, frente a amenazas como la minería y tala ilegal, tráfico de fauna, incendios y avasallamientos.
La Asociación también busca una reunión con el presidente Rodrigo Paz para plantear sus demandas laborales y conocer el alcance de la reestructuración anunciada para el Sernap.
