El vocero presidencial, José Luis Gálvez, se refirió al atentado contra la activista y abogada Nadia Beller en Santa Cruz y a las acusaciones que realizó desde la clínica donde se recupera. Señaló que el Gobierno condena cualquier atentado contra la vida y aseguró que se garantizará la protección de la víctima. Explicó que inicialmente cinco policías fueron destinados a su seguridad y que posteriormente se sumaron otros 10, haciendo un total de 15 efectivos. “Todo atentado debe ser investigado y juzgado con toda rigurosidad que la ley prevé y las víctimas deben ser protegidas”, afirmó.
Gálvez también se refirió directamente a las acusaciones formuladas por Beller contra Fernando Cerimedo y personas vinculadas al Gobierno, entre ellas señalamientos sobre presuntos hechos de corrupción. El vocero sostuvo que estas denuncias deben ser investigadas y respaldadas con pruebas. “Las declaraciones realizadas por la señora Nadia Beller contienen acusaciones extremadamente graves y deben ser investigadas en su integridad”, afirmó. En ese sentido, aseguró que el Gobierno dará al Ministerio Público acceso a la información que requiera y remarcó: “No tenemos absolutamente nada que ocultar”. Añadió que el presidente Rodrigo Paz instruyó “absoluta colaboración con la investigación y cero interferencias”.
El vocero también rechazó que el Gobierno vaya a proteger a alguna persona involucrada en hechos ilícitos. “El presidente ni nadie de este gobierno va a encubrir ni socapar a nadie que haya cometido ilícitos, pero tampoco vamos a tolerar acusaciones infundadas que no tengan pruebas contundentes”, sostuvo. Gálvez pidió que la investigación determine la veracidad de cada una de las denuncias y aclaró que el Ejecutivo no pretende “condenar o absolver a nadie desde una conferencia de prensa”.
Respecto a Fernando Cerimedo, Gálvez explicó que fue un colaborador cercano de Rodrigo Paz durante la campaña electoral y que posteriormente continuó colaborando con la gestión en asuntos de comunicación digital. Sin embargo, aclaró que no ocupó un cargo formal dentro de la estructura del Estado. “Ese cargo de asesor principal no existe en la estructura del Estado y, por lo tanto, tampoco esa tarjeta fue emitida por el Gobierno Nacional”, afirmó en referencia a una credencial difundida en redes sociales.
Gálvez señaló que, desde que asumió la vocería, conoció a Cerimedo y mantuvo algunas conversaciones con él, pero aseguró que su participación en la comunicación gubernamental fue limitada. “Él no definía políticas de comunicación, él no establecía cómo deberían hacerse las declaraciones”, afirmó. Añadió que, según su conocimiento, Cerimedo realizaba consultas específicas y que su rol fue “tangencial”. También dijo no tener conocimiento de que hubiera contado con privilegios o servicios de seguridad proporcionados por el Gobierno.
Sobre los señalamientos de Beller respecto a que Cerimedo tendría influencia dentro de la Policía u otras instituciones y habría participado en los hechos que ella denunció, Gálvez sostuvo que “todo debe investigarse” y que las afirmaciones de la víctima deben ser tomadas en serio, pero dentro del proceso correspondiente. “Me cuesta creer algo parecido, pero es lo que ella ha declarado, es la víctima, hay que tomar muy en serio lo que dice, pero al mismo tiempo ser respetuoso del proceso investigativo”, manifestó.
Finalmente, el vocero afirmó que el Gobierno no intervendrá en la investigación y que corresponde al Ministerio Público y a los órganos independientes establecer lo ocurrido. “Todos los bolivianos nos merecemos conocer la verdad y para eso hay que dejar que se investiguen por órganos independientes del Estado”, sostuvo. Reiteró que, si alguna persona cercana al presidente o vinculada al Gobierno resulta involucrada en algún ilícito, deberá responder ante la justicia: “Somos ciudadanos y tenemos que rendir cuentas ante la ley”.