Titular: Fiscalía acusa a 10 personas por presuntas irregularidades en contratos de YPFB con Boatraing
El Ministerio Público presentó acusación formal contra 10 personas por la presunta comisión de delitos vinculados a la suscripción de contratos entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la empresa Boatraing para la compra de combustible y crudo.
La acusación fue presentada por una comisión de fiscales de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, a instancias del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, la Procuraduría General del Estado, YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, YPFB Refinación y YPFB Logística.
Entre los acusados se encuentran Félix Abraham Cruz Taca, Cinthia Pedraza Rodríguez, Armin Ludwig Dorgathen Tapia y Gabriela Delgadillo Salazar, a quienes el Ministerio Público atribuye, en grado de autoría, los delitos de Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica.
También fue acusado Omar Alarcón Saigua por los presuntos delitos de Incumplimiento de Deberes, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de las Funciones Públicas y Contratos Lesivos al Estado.
La acusación alcanza además a Julio César Camargo Pérez, Miguel Ángel Colque Pacheco y Luis Rolando Ayala Sánchez por los presuntos delitos de Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de las Funciones Públicas.
Finalmente, Walter Elías Monasterios Orgaz y Gabriela Liceth Peña Vargas fueron acusados por los presuntos delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.
En la resolución de acusación, los fiscales sostienen que cuentan con suficientes elementos de prueba para sustentar la acusación formal y solicitan a la autoridad jurisdiccional señalar audiencia de juicio oral público.
El Ministerio Público pide que, al concluir el proceso, los acusados sean declarados autores de los delitos atribuidos y se emita una sentencia condenatoria en proporción al daño causado, además del pago de costas, daños y perjuicios ocasionados al Estado.
La Fiscalía también solicitó la confiscación de los bienes muebles e inmuebles y valores de los acusados, con base en la información patrimonial recabada durante la etapa preliminar y preparatoria.
Asimismo, los fiscales dejaron constancia de que existen requerimientos pendientes de respuesta, entre ellos cooperaciones internacionales, informes y pericias de auditoría forense, por lo que anunciaron la posibilidad de presentar prueba extraordinaria durante el proceso.
La acusación formal fue presentada el 22 de septiembre de 2026 ante el Juzgado Quinto de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz.
La presentación de la acusación no implica una condena y la responsabilidad penal de los acusados deberá ser determinada por la autoridad jurisdiccional correspondiente.