CAINCO, FEPLP y la Cámara Nacional de Industrias pidieron respeto al debido proceso y seguridad jurídica, tras la controversia por la indemnización pendiente y el proceso judicial que enfrenta la cementera.
Las principales organizaciones empresariales del país expresaron su preocupación por la controversia judicial que enfrenta SOBOCE con Fancesa y señalaron que el caso podría afectar la seguridad jurídica, la confianza de los inversionistas y el clima para la inversión privada en Bolivia.
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) emitieron pronunciamientos en los que coincidieron en la necesidad de que cualquier controversia sea resuelta bajo el marco legal vigente y con respeto al debido proceso.
Los pronunciamientos se producen luego de que SOBOCE señalara que el Estado boliviano mantiene pendiente una indemnización superior a los 300 millones de dólares por la expropiación de su participación accionaria en Fancesa, establecida mediante el Decreto Supremo N.º 0616 de 2010.
CAINCO manifestó que la situación trasciende el interés de las partes involucradas y adquiere relevancia para la economía nacional, al considerar que la seguridad jurídica y el cumplimiento de obligaciones asumidas por el Estado son elementos fundamentales para impulsar la inversión, el desarrollo productivo y la generación de empleo.
La FEPLP, por su parte, expresó su preocupación por las implicaciones que el conflicto podría generar sobre la certidumbre jurídica y el clima de inversiones. La entidad pidió que las decisiones judiciales sean adoptadas con transparencia, imparcialidad y apego a la Constitución Política del Estado y las leyes.
El gremio paceño también hizo referencia al proceso por presunta competencia desleal en el que SOBOCE enfrenta un posible pago superior a los 744 millones de bolivianos, y pidió que las resoluciones judiciales respeten los principios de proporcionalidad y defensa legítima.
La Cámara Nacional de Industrias señaló que toda controversia debe resolverse respetando el Estado de Derecho, la independencia institucional y las garantías procesales, al advertir que la seguridad jurídica es una condición necesaria para fortalecer el aparato productivo y atraer inversiones.
Las tres instituciones coincidieron en que la resolución del conflicto debe preservar la confianza empresarial y garantizar condiciones adecuadas para la actividad privada en Bolivia.