El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, solicitó a las instituciones encargadas de la seguridad y el orden público brindar las condiciones necesarias para que la Defensoría pueda monitorear la aplicación del estado de excepción dispuesto por el Gobierno. A través de un video difundido en redes sociales, recordó que esta medida está prevista en la Constitución y señaló que debe ser considerada por la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del plazo de 72 horas, como una garantía del sistema democrático.
Callisaya advirtió que ninguna de las disposiciones extraordinarias puede derivar en vulneraciones a los derechos humanos y alertó sobre la necesidad de evitar restricciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza, afectaciones a la integridad personal o detenciones ilegales. Asimismo, indicó que la Defensoría del Pueblo desplegará acciones permanentes de monitoreo, verificación y seguimiento en cumplimiento de su mandato constitucional y de la Ley Nº 870.
“Se exhorta a todas las autoridades e instituciones del Estado, particularmente a las entidades encargadas de la seguridad y el orden público, a brindar las facilidades necesarias para el ejercicio de la labor defensorial, permitiendo el acceso oportuno a información, instalaciones, operativos y demás actuaciones vinculadas a la aplicación de las medidas excepcionales”, señaló la autoridad. Finalmente, convocó a los órganos del poder público y a la ciudadanía a actuar en estricto apego a la Constitución, priorizando el diálogo democrático, la paz social y la protección integral de los derechos humanos.