La Confederación Sindical de Choferes anunció un ampliado nacional en Santa Cruz para definir nuevas medidas frente al incremento del precio del diésel. Su ejecutivo, Lucio Gómez, afirmó que el sector se encuentra en emergencia y exigió la anulación del decreto que, según señaló, afecta al transporte público y a la población.
Gómez cuestionó el incumplimiento de compromisos atribuidos a autoridades y recordó que, durante una reunión de la semana pasada, el presidente de YPFB había señalado que no habría incrementos en los precios de los combustibles.
“Si rechazamos categóricamente este decreto es atentatorio contra el pueblo boliviano”, afirmó el dirigente, quien sostuvo que el aumento del combustible obliga al transporte a revisar sus costos de operación y podría derivar en un incremento de pasajes.
Sobre las tarifas interdepartamentales, explicó que los cálculos realizados por el sector apuntan a un incremento de entre 50 y 60 por ciento, aunque será el ampliado nacional el que determine si se acepta o no el 45 por ciento que ya se aplica en algunos servicios.
“Por eso mañana se define cuál va a ser, si se va a aceptar ese 45% o no se va a aceptar también, porque ahorita hay pelea mucho con el pueblo y el pueblo no está aceptando”, señaló.
Gómez pidió al Gobierno asumir responsabilidad por las consecuencias que pueda generar el incremento de costos y cuestionó que los transportistas sean enfrentados con los usuarios. “No nos hagan pelear con el pueblo”, manifestó.
El dirigente también se refirió a la propuesta de convertir vehículos de diésel a GNV y puso en duda su aplicación mientras no existan los equipos necesarios. “Cilindros sin kit no sirven”, sostuvo, al señalar que el transporte realizó aportes destinados a este proceso y que ahora se requiere conocer cómo fueron utilizados esos recursos.
Además, afirmó que la conversión no será una solución inmediata debido a la cantidad de vehículos que utilizan diésel en distintos departamentos. Como ejemplo, mencionó que en el transporte urbano de Cochabamba existen alrededor de 3.500 vehículos que funcionan con ese combustible.
Gómez también cuestionó los controles sobre el desvío y contrabando de combustible y responsabilizó a instituciones como la ANH, Aduana y las fuerzas militares por no haber evitado, según su denuncia, la salida irregular de diésel.
Finalmente, señaló que el ampliado se desarrollará en Santa Cruz y que allí también se analizará la situación de la gasolina. “Mañana se define cuál va a ser el accionario y el camino del transporte boliviano”, afirmó.