El abogado Abel Loma explicó que el proceso contra el exdirigente de la COB deriva de la investigación por cobros irregulares en el Ministerio de Medio Ambiente, donde ya existe una sentencia contra el exministro.
La investigación contra el exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, se origina en el caso de cobros irregulares en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, proceso en el que ya existe una condena contra el exministro Juan Santos Cruz.
“El caso Juan Santos Cruz es el caso principal y el caso Juan Carlos Huarachi es un caso que se desprende de ese caso”, explicó el abogado Abel Loma, quien detalló que la investigación se sustenta en declaraciones, movimientos bancarios y otros elementos recolectados durante el proceso principal.
Según Loma, en esa investigación se identificó a varias personas presuntamente beneficiadas. “La señora Claudia Cortés da, entre otros nombres, el del señor Juan Carlos Huarachi, que habría recibido 40 mil bolivianos”, señaló, al referirse a los antecedentes del caso.
En cuanto a la situación jurídica del exdirigente, el jurista confirmó que un juez determinó su detención domiciliaria tras conceder la cesación a la detención preventiva. Sin embargo, observó la decisión y anunció que fue apelada. “Con documentación más contradictoria que clara, este juez determina dar procedencia a su solicitud”, afirmó.
Durante la audiencia, también se generó un cruce con la defensa del exdirigente. “La abogada del señor Huarachi me dice: ‘usted es solo denunciante, no tiene nada que hacer acá’”, relató Loma, al explicar las limitaciones de su participación en el proceso.
El abogado insistió en que, tratándose de delitos de corrupción, la víctima es el Estado. “¿Quiénes se constituyen en parte víctima? La víctima es el Estado”, sostuvo, en referencia al rol que deben asumir las instancias estatales.
En esa línea, cuestionó la actuación del Viceministerio de Transparencia y la Procuraduría. “El Viceministerio de Transparencia no propone ni un solo acto investigativo”, afirmó, y agregó que ambas instituciones “aparecen para la conferencia de prensa”, pero “en la práctica brillan por su ausencia”.
Asimismo, indicó que el Ministerio Público ha avanzado en la recolección de información, aunque considera que aún es incompleta. No obstante, señaló que ya existen elementos suficientes para sustentar una acusación formal y llevar el caso a juicio.
“El Ministerio Público lo está llevando a media máquina”, dijo, al advertir que el proceso podría ampliarse a otras personas vinculadas al esquema de cobros irregulares.
Finalmente, Loma señaló que la audiencia de apelación contra la detención domiciliaria se realizaría en los próximos días, mientras la investigación continúa en curso.