Un abogado que representa a una empresa contratista del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) denunció presuntas irregularidades, arbitrariedades y afectación de derechos en la ejecución de un contrato de obra pública, firmado durante la gestión del alcalde Iván Arias.
El abogado Alain Gómez Uyeño señaló que la empresa suscribió en 2022 un contrato para la construcción de un muro de contención en la zona Cupilupaca, con un plazo de ejecución de 40 días. Sin embargo, afirmó que el proceso derivó en una serie de conflictos administrativos posteriores.
Según explicó, la obra fue ejecutada y contó incluso con actas de recepción provisional y definitiva, además de reportes técnicos que confirmaban su conclusión. “La obra había sido ejecutada conforme a las especificaciones técnicas”, indicó.
Pese a ello, el jurista denunció que la Subalcaldía Periférica del GAMLP ejecutó una garantía del contrato y posteriormente impulsó la resolución del mismo, lo que considera una actuación “con abuso y arbitrariedad”.
“El municipio, en vez de colaborar para el cumplimiento del contrato, se dedicó a encubrir irregularidades internas”, afirmó el abogado, al señalar además que la empresa habría financiado parte de la ejecución de la obra.
Uno de los puntos más cuestionados, según la denuncia, es que la obra habría sido ejecutada en predios privados, situación que habría generado controversia desde el inicio del proyecto. “En un principio estos predios sí eran privados”, sostuvo Gómez Uyeño, agregando que la situación fue informada a instancias judiciales.
El abogado también cuestionó la demora en la resolución contractual, señalando que esta se habría emitido meses e incluso años después de la conclusión de la obra. “Aquí ya es un primer elemento de irregularidad y abuso”, señaló durante la entrevista.
Asimismo, afirmó que la empresa fue registrada en el sistema de contrataciones públicas con sanciones que le impedirían operar durante un periodo de tres años, lo que agrava el perjuicio económico y laboral.
En su declaración, el jurista también apuntó a la Subalcaldía Periférica del GAMLP por la ejecución de decisiones administrativas que, según dijo, no habrían respetado el debido proceso.
“En vez de ayudar, se ha dedicado a encubrir sus irregularidades internas en el municipio”, manifestó.
El caso se desarrolla en el marco de una acción de amparo constitucional presentada por la empresa, que busca la restitución de derechos que considera vulnerados, incluyendo el derecho al trabajo y al debido proceso.
La parte denunciante anunció además que evalúa iniciar acciones legales adicionales en la vía civil y penal, mientras aguarda el cumplimiento del fallo constitucional emitido por un tribunal de garantías.
El caso se suma a otros cuestionamientos sobre la gestión de contratos de obras públicas en el municipio de La Paz, particularmente en el manejo de fiscalización, garantías y resolución de contratos administrativos en la gestión de Iván Arias.