El exdiputado Amílcar Barral cuestionó el debate sobre una eventual nacionalización de vehículos indocumentados y advirtió que una medida de este tipo no solo significaría «legalizar lo ilegal», sino que además incentivaría el contrabando, el robo de motorizados en países vecinos y el ingreso de más vehículos sin documentación al territorio nacional.
En entrevista con el programa De Primera Mano, Barral sostuvo que detrás de los proyectos de ley para regularizar los denominados vehículos chutos existen intereses económicos de organizaciones vinculadas al contrabando.
«Primero hay intereses económicos muy grandes. Es legalizar lo ilegal«, afirmó, al recordar que durante su gestión como diputado recibió propuestas para impulsar una norma de ese tipo. Según relató, representantes de asociaciones de propietarios de vehículos indocumentados llegaron incluso a ofrecer dinero para promover una iniciativa legislativa.
«En la gestión 2018 vinieron a ofrecer plata para que presentemos un proyecto de ley referido a este tema. Obviamente no lo aceptamos«, aseguró.
Barral advirtió que el anuncio de una posible regularización ya estaría generando efectos en las fronteras del país.
«¿Sabes cómo están ahorita en fila en la frontera metiendo autos chutos? Por ese anuncio nada más«, sostuvo, al señalar que organizaciones dedicadas al robo de vehículos en Chile, Argentina, Brasil e incluso Perú podrían aprovechar la expectativa de una futura nacionalización.
El exlegislador afirmó que Bolivia enfrenta además una sobrepoblación del parque automotor y una creciente presión sobre el abastecimiento de combustibles, por lo que incorporar miles de vehículos irregulares agravaría la situación.
«Estamos sobrepoblados de movilidades y además tenemos problemas con la gasolina y el diésel. Legalizar autos chutos perjudicaría más que ayudar«, señaló.
Barral también cuestionó que los vehículos indocumentados accedan actualmente a combustibles subvencionados pese a no cumplir con los requisitos legales.
«Nunca he entendido cómo un auto chuto puede cargar gasolina si no tiene registro legal, mientras a un vehículo regular le exigen el B-SISA«, observó.
Respecto a los compromisos asumidos durante la campaña electoral sobre una eventual regularización de estos motorizados, Barral consideró que el Gobierno debe actuar con responsabilidad y no convertir una promesa política en una decisión que incentive actividades ilícitas.
«Cumplir ese compromiso sería darse un tiro en el pie porque estaría legalizando lo ilegal«, manifestó.
Asimismo, recomendó al Ejecutivo mantener una posición unificada para evitar generar falsas expectativas.
«Yo recomendaría al Gobierno que se pongan de acuerdo, porque el tema de comunicación está un desastre. Que no generen falsas expectativas«, afirmó.
Barral también denunció que el negocio de los vehículos indocumentados mueve importantes recursos económicos y está vinculado a redes de corrupción.
«Hay intereses muy complicados de por medio que son intereses económicos y diputados y senadores se prestan a eso por agarrar plata, no es otra cosa«, sostuvo.
Finalmente, alertó que la legalización de vehículos sin documentación abriría la puerta a un incremento del contrabando y del robo de motorizados en la región, por lo que pidió al Gobierno descartar cualquier iniciativa en ese sentido y reforzar los controles fronterizos.